DECRETO 225/2017, de 13 de noviembre, por el que se derogan el Decreto 292/1993, de 10 de noviembre, por el que se crea el Registro de Explotaciones Ganaderas, y el Capítulo IV del Título III del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales y se desarrollan otros aspectos relacionados con los mismos.
| Sección | I. DISPOSICIONES GENERALES |
| Emisor | Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas |
| Rango de Ley | Decreto |
La necesidad de registrar las explotaciones ganaderas, como instrumento de la política en materia de sanidad animal y de ordenación sectorial ganadera, viene siendo recogida en la legislación nacional y comunitaria tanto de carácter horizontal como sectorial. Así, la Directiva 92/102/CEE, del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, relativa a la identificación y al registro de animales, incorporada al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 205/1996, de 9 de febrero, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies bovina, porcina, ovina y caprina, citaba en su artículo 3 la obligación de disponer de listas actualizadas de las explotaciones de dichas especies, donde se contengan sus datos básicos, siendo la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, la que en el apartado 1 de su artículo 38, establece que todas las explotaciones de animales deban estar registradas en la comunidad autónoma en que radiquen y que los datos básicos de estos registros sean incluidos en un registro nacional de carácter informativo.
Desde la entrada en vigor del Decreto 292/1993, de 10 de noviembre, se han sucedido cambios normativos importantes debidos fundamentalmente al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación que han venido afectando profundamente a la forma y contenido de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas. Dichos cambios tuvieron su reflejo en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que vino a establecer el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la obligación de estas de dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse, y actualmente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que considera que la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones.
Asimismo la simplificación administrativa impuesta por la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, y desarrollada en el Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de...
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