DECRETO 224/1993, de 29 de julio, por el que se regula la realización del trámite de información pública en los procedimientos que afecten a las islas no capitalinas.
Sección | I. DISPOSICIONES GENERALES |
Emisor | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Rango de Ley | Decreto |
El artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prevé con carácter genérico la información pública para los procedimientos cuya naturaleza lo requiera y, al margen de la misma, diversas normas sectoriales establecen con carácter especial dicho trámite.
Pese a que la información pública se configura como una de las piezas básicas en las que asentar la participación ciudadana en la actividad administrativa, la especialidad geográfica de nuestra Comunidad Autónoma dificulta el acceso a este trámite a los ciudadanos que residen en una isla distinta a aquella en la que el órgano administrativo competente tiene su sede, lo que obliga a la Administración autonómica a adoptar las medidas necesarias para superar esta dificultad, de conformidad con los artículos 9.2 de la Constitución y con el principio de máxima proximidad al ciudadano, al que el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía atribuye el carácter de fundamental en la organización de esta Administración.
Las medidas que se adoptan se basan en la utilización de los recursos con que cuenta la Administración autonómica para acercar su actividad al ciudadano, esto es, los órganos o unidades desconcentrados en las islas no capitalinas; los registros y oficinas de información de los Cabildos Insulares, en los términos previstos por el artículo 40.1.d) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, y por el Decreto 100/1985, de 19 de abril; y los registros de las Delegaciones Insulares del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos, previo convenio, en los términos previstos por el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Por otra parte, de conformidad con el principio de cooperación que preside las relaciones entre las Administraciones Públicas, se acude al artículo 4.1.d) de la Ley 30/1992, que impone a las Administraciones Públicas el deber de prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias, en los términos previstos por los apartados 2 y 3 del mismo artículo.
En su virtud, a propuesta del Presidente y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 29 de julio de 1993,
D I S P O N G O:
Artículo 1.- En los procedimientos tramitados por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma que afecten a las islas no capitalinas, el...
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Solicita tu prueba- DECRETO 119/1992, de 3 de julio, del Presidente, por el que se delega en los titulares de los Centros Directivos del Departamento la competencia para c...
- DECRETO 123/1992, de 30 de julio, por el que se delega en el Consejero de Economía y Hacienda el otorgamiento de los avales regulados en el Decreto 121...
- DECRETO 303/1983, de 17 de Junio, de la Presidencia, sobra Delegación de atribuciones en el Secretario de Relaciones con el Parlamento.
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