DECRETO 4/2005, de 25 de enero, por el que se modifican los Decretos 70/2002, de 20 de mayo, y 75/2002 y 76/2002, de 3 de junio, por los que se regulan diversas medidas en materia de vivienda.
| Sección | I. DISPOSICIONES GENERALES |
| Emisor | Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda |
| Rango de Ley | Decreto |
En los últimos años se ha venido produciendo una situación en el mercado de la vivienda caracterizada por un considerable aumento en la producción y, por tanto, en la oferta de las viviendas libres, que ha venido acompañada, al mismo tiempo, por unimportante acrecentamiento de sus precios de venta, y también por un incremento del precio de los factores de producción de las mismas.
Esta situación, marcada, sin duda, por unos positivos niveles de actividad y de empleo en dicho sector, ha tenido, sin embargo, una repercusión negativa en un ámbito, como es el de la promoción de viviendas protegidas, que al venir limitado por unos precios máximos de venta y renta fijados previamente y verse también influido por el aumento del precio de losfactores de producción de las viviendas, está resultando poco atrayente, provocando que las cifras de objetivos de las actuaciones previstas en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, estén resultando insuficientes.
A esto hay que unirle la existencia de un parque de viviendas en alquiler marcado, no ya sólo por una escasa oferta, sino, también, por unos elevados precios de renta, con el que no se puede atender a un sector de la población que, por su situación económica familiar, no puede aspirar a una vivienda en propiedad, si bien hay que señalar que dicha situación se ha intentado mitigar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de actuaciones que han recibido respuesta por parte de sus destinatarios, como pueden ser el Programa de la Bolsa de Vivienda Joven, las subvenciones encaminadas a la promoción de viviendas protegidas de régimen especial en alquiler, o la, ya más tradicional, ayuda al alquiler de las viviendas de promoción pública, extensiva también a buena parte de las viviendas protegidas de régimen especial en alquiler.
Con el fin de encauzar el panorama descrito, el Gobierno estatal ha aprobado el Real Decreto 1.721/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el citado Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, creando nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas, y en el que se contienen una serie de medidas conlas que se pretende satisfacer las necesidades de vivienda de un amplio sector de la población, con niveles medios y bajos de recursos, que no han podido acceder a vivienda digna y adecuada a sus necesidades. Entre las referidas medidas, se pretendeestimular la promoción de viviendas protegidas, mediante un aumento del precio básico a nivel nacional, y de un incremento, por tanto, de su precio máximo de venta; incrementar la oferta de viviendas en alquiler en condiciones ventajosas de rentas; y ampliar y flexibilizar varias de las posibilidades que se encuentran en el Real Decreto 1/2002, incrementando la cuantía de las subvenciones que percibirán los promotores de viviendas protegidas en arrendamiento, abriendo a organismos públicos y sociedades la posibilidad de adquirir viviendas para destinarlas a arrendamiento, potenciando las subvenciones estatales a quienes rehabiliten sus viviendas para su cesión, también, en arrendamiento, y creando una nueva subvención dirigida a los inquilinos, para facilitarles, de forma temporal, el pago de los alquileres.
Por otra parte, con el propósito de que las modificaciones operadas en el Real Decreto 1/2002, puedan tramitarse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde la situación anteriormente descrita se está manifestando, también, de una manera evidente, debe llevarse a cabo una modificación del Decreto 70/2002, de 20 de mayo, por el que se regula la gestión por la Comunidad Autónoma de Canarias de las medidas de financiación protegida en materia de vivienda y suelo para el Plan 2002-2005, previstas en el citado Real Decreto.
Finalmente, el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada lleva aparejado que, junto a las modificaciones que se establecen en el nuevo Real Decreto 1.721/2004, de 23 de julio, y la consecuente modificación del citado Decreto 70/2002, a través del presente Decreto se trate de introducir, también, una serie de modificaciones que tratan de impulsar algunas de las actuaciones contempladas en el Plan de Vivienda de Canarias 2002-2005, tales como considerar a las viviendas que reciban la calificación de autoconstruidas como de régimen general tipo II; flexibilizar la acreditación de la propiedad de las viviendas que vayan a ser objeto de rehabilitación; y exonerar de la prestación de aval por abono anticipado de la citada subvención, a uno de los elementos cada vez más relevantes en la promoción de viviendas protegidas en nuestro archipiélago, como son las sociedades mercantiles municipales, o con participación mayoritaria de un Ayuntamiento, que tengan por objeto la promoción de viviendas; y, sin perjuicio de la regla general establecida en el artículo 1.3 del Decreto 19/2003, de 10 de febrero, compatibilizar la subvención regulada en dicho Decreto para la rehabilitación de viviendas desocupadas, con la subvención prevista en el artículo 35.2.c) del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y previa deliberación del Gobierno, en su sesión celebrada el día 25...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba