DECRETO ley 21/2020, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias.

I

El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM) fue creado por el artículo 11 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modificó el Libro II de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.

El AIEM, vigente desde el día 1 de enero de 2002, se caracteriza por ser un tributo de naturaleza indirecta y monofásico que sujeta, en la forma y condiciones previstas en la citada Ley 20/1991 y en la Ley autonómica 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias, las siguientes operaciones:

1. La entrega por parte de su productor de bienes producidos en Canarias, siempre que el bien se encuentre recogido en la lista contenida en el Anexo I de la Ley 4/2014.

2. La importación, en el mismo territorio, de los mismos bienes corporales, cualquiera que sea su procedencia, el fin al que se destinen y la condición del importador.

No obstante lo dispuesto en los artículos 28 (Unión Aduanera con arancel aduanero común y prohibición de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente), 30 (prohibición de derechos de aduana de carácter fiscal) y 110 (prohibición de tributos internos proteccionistas) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las instituciones europeas, con base en su día, en lo dispuesto en el artículo 299.2 del entonces Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) y en la actualidad en el artículo 349, que permite la adopción de medidas específicas orientadas a fijar las condiciones para la aplicación de los Tratados en las regiones ultraperiféricas (RUP) habida cuenta de su situación estructural social y económica, autorizaron a las autoridades españolas, como parte de una estrategia de desarrollo económico y social de las Islas Canarias y para contribuir al fomento de las actividades productivas locales, a establecer, respecto a determinados productos que se manufacturan en Canarias, exenciones totales o reducciones parciales en el AIEM. Esta ventaja fiscal constituye una Ayuda de Estado en el ámbito de las ayudas con finalidad regional.

La configuración de la tributación de las operaciones interiores sujetas al AIEM es fruto, por consiguiente, del tratamiento singular que se da a las RUP, compartiendo muchos rasgos comunes con medidas similares implantadas en otras regiones ultraperiféricas, como es el caso del "octroi de mer" para los departamentos franceses de ultramar (DOM).

La autorización europea a aplicar exenciones y reducciones en el AIEM para determinados productos fabricados en Canarias tiene un período de vigencia temporal y han existido desde el año 2002 diversas Decisiones del Consejo. La Decisión 2002/546/CE, del Consejo, de 20 de junio de 2002, relativa al régimen del impuesto AIEM aplicable en las Islas Canarias, lo autorizó desde el 1 de enero de 2002 hasta, mediante sucesivas prórrogas, el 31 de diciembre de 2013. Por su parte, la Decisión nº 377/2014/UE, del Consejo, de 12 de junio de 2014 sobre el impuesto AIEM aplicable en las Islas Canarias, lo autorizó hasta el día 31 de diciembre de 2020.

La autorización a las autoridades españolas dada por el artículo 1 de la Decisión nº 377/2014/UE se materializó en el artículo 2.4 y en el Anexo II de la mencionada anteriormente Ley 4/2014, aprobada por la Comunidad Autónoma de Canarias en uso de las competencias normativas delegadas por el Estado respecto al AIEM de acuerdo con el apartado dos de la disposición adicional octava de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

II

El artículo 2 de la Decisión nº 377/2014/UE obligaba a las autoridades españolas a presentar en 2017 un informe sobre la aplicación de las exenciones autorizadas, a fin de comprobar las repercusiones de las medidas adoptadas y su contribución al fomento o mantenimiento de las actividades económicas locales. La Comisión Europa valoró positivamente el informe realizado.

Este hecho supuso, a los efectos de la renovación de la autorización, el inicio de diversas actuaciones de recopilación de datos y reuniones sectoriales para analizar, con base en la cuota de mercado de cada uno de los productos cuya producción se deseaba proteger, las solicitudes de inclusión, mantenimiento o exclusión de nuevos productos.

El resultado de todo este proceso fue remitido por el Gobierno de Canarias a la Administración General del Estado para su análisis y posterior comunicación a las instituciones de la Unión Europea, que ha aprobado recientemente la Decisión (UE) 2020/1792, del Consejo, de 16 de noviembre de 2020, sobre el impuesto AIEM aplicable en las islas Canarias, renovando hasta el día 31 de diciembre de 2027 la autorización a las autoridades españolas a aplicar exenciones y reducciones en el AIEM para determinados productos fabricados en Canarias.

La autorización incluye un listado de productos a 4 dígitos correspondiendo a la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con las competencias normativas delegadas por el Estado por la mencionada Ley 22/2009, definir el listado de productos protegidos con mayor desagregación (dentro de las familias de productos a 4 dígitos), sin necesidad de requerir una modificación de la Decisión del Consejo. Esta circunstancia permitirá disponer de mayor flexibilidad para introducir cambios en los términos establecidos en la nueva disposición adicional tercera de la Ley 4/2014.

Conforme con la Decisión (UE) 2020/1792, los criterios de elegibilidad que se han utilizado para determinar los productos a proteger son, que exista una producción local cuya cuota de mercado represente, como mínimo, el 5 por ciento, que exista una importación significativa de productos (incluso desde el resto del territorio nacional y Estados miembros de la Unión Europea) que pueda poner en peligro la continuidad de la producción local, y cuya cuota de mercado local represente, como mínimo, un 10 por ciento, y que se incurra en costes adicionales que aumenten el coste de la producción local en comparación con los importados. No obstante, como excepciones a los requisitos que tienen como base la cuota de mercado, se han tenido en cuenta entre otras circunstancias debidamente justificadas las siguientes:

- que la producción requiera una gran intensidad de mano de obra;

- que la producción sea estratégica para el desarrollo local por otros motivos;

- que la producción esté sujeta a fluctuaciones periódicas;

- que la producción se ubique en zonas particularmente desfavorecidas;

- que la producción consista en productos médicos y equipos de protección individual necesarios para hacer frente a las crisis sanitarias.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de la Decisión (UE) 2020/1792, en el año 2024 se podrán valorar las repercusiones de las medidas adoptadas y su contribución al fomento o mantenimiento de las actividades económicas locales, y se podrán aprobar modificaciones, exclusiones e inclusiones de productos en el Anexo II, estando limitadas las inclusiones a productos dentro de las partidas a 4 dígitos incluidas en el Anexo I de la citada Decisión.

III

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias normativas sobre su régimen económico y fiscal. En efecto, el artículo 115 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, establece que "[l]a Comunidad Autónoma de Canarias dispondrá de competencias normativas en el Impuesto General Indirecto Canario y en el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias con el alcance y condiciones establecidas en la legislación aplicable y su normativa de desarrollo."

Asimismo, el artículo 166.4 del referido Estatuto de Autonomía señala que "[l]a Comunidad Autónoma de Canarias tendrá facultades normativas y ejecutivas sobre su régimen especial económico y fiscal en los términos de la normativa estatal."

En ese sentido, el apartado dos de la Disposición adicional octava de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, atribuye expresamente a la Comunidad Autónoma de Canarias capacidad normativa para regular, respecto del AIEM, los siguientes elementos del tributo:

"1º. Los bienes muebles corporales cuya entrega o importación determine la realización del hecho imponible.

2. Las exenciones en operaciones interiores.

3. Los tipos de gravamen, proporcionales o específicos, con cumplimiento, en su caso, de lo previsto en el número 2º del apartado tres de esta disposición adicional.

4. El régimen especial simplificado.

5. Las obligaciones formales del Impuesto."

Corresponde, por tanto, a la Comunidad Autónoma de Canarias aprobar los tipos exigibles en uso de las competencias normativas delegadas por el Estado respecto al AIEM, de acuerdo con el citado apartado dos de la Disposición adicional octava de la Ley 22/2009, optándose por fijar los tipos en el 5, 10 o 15 por ciento, teniendo en cuenta que al producto que se incorpore al ámbito objetivo de aplicación del AIEM se le aplicará el tipo del 5 por ciento y que los incrementos de tipos a productos ya existentes será de forma escalonada, es decir, 5 puntos al tipo vigente el día 31 de diciembre de 2020. Por otra parte, la Decisión (UE) 2020/1792 autoriza a las autoridades españolas a aplicar impuestos mínimos para ciertos productos específicos, conforme a ello, se ha estimado oportuno mantener inalterado el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 4/2014 regulador del tipo impositivo específico mínimo respecto a los cigarrillos.

IV

El artículo 46.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley, que recibirán el nombre de decretos-leyes.

En virtud de la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas Sentencia 14/2020, de 28 de enero de 2020, FJ 2) es exigible "que el Gobierno haga una definición «explícita y razonada» de la situación concurrente, y segundo, que exista además una «conexión de sentido» entre la situación definida y las medidas que en el decreto-ley se adopten."

La definición "explícita y razonada" de la situación puede contenerse en la exposición de motivos del Decreto ley, en el debate parlamentario de convalidación y, en su caso, en el expediente de elaboración de la norma [STC 61/2018, FJ 4 d), con cita de otras]. Pues bien, de la lectura de la presente exposición de motivos se evidencia que el Gobierno de Canarias quiere subvenir una situación caracterizada por la gran inseguridad jurídica que se produciría de no aprobarse el presente Decreto ley y, básicamente, en lo relativo a la necesaria adaptación del Anexo II de la Ley 4/2014. En este sentido, existe plena homogeneidad entre la situación descrita en la exposición de motivos y la reforma contenida en la parte dispositiva; por tanto, existe "conexión de sentido" entre la situación definida y las medidas que en el Decreto ley se adoptan.

De acuerdo con el artículo 5 de la Decisión (UE) 2020/1792, la misma es aplicable desde el día 1 de enero de 2021, resultando necesario, por tanto, modificar, con efectos desde esta fecha, la regulación legal del AIEM para su adaptación a la citada Decisión.

Finalizado a mediados del mes de octubre de 2020 el examen de los datos y reuniones sectoriales para determinar los productos cuya manufactura se deseaba proteger, el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2020, queda enterado del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 4/2014 elaborado por el órgano competente de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y ordena su tramitación urgente; sin embargo, varios son los motivos que dificultan que, con anterioridad al día 1 de enero de 2021, el Parlamento de Canarias pueda aprobar, por la vía normal, el proyecto de ley de modificación de la Ley 4/2014, incluso por el procedimiento abreviado de tramitación o el procedimiento de lectura única, a saber:

- La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2020 de la Decisión 2020/1792, de cuyo contenido dependía la redacción definitiva del proyecto de ley; en especial el mantenimiento, modificación, adición o supresión de bienes muebles corporales que integra el Anexo II y, por ende, parte del Anexo I de la Ley 4/2012.

- Conforme con lo previsto en el artículo 11.1.A.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, los proyectos de ley, exceptuados los relativos a las leyes de presupuestos, deben ser dictaminados preceptivamente por el Consejo Consultivo antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno.

Debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 3.2 de la citada Ley 5/2002, emitido un dictamen por el Consejo Consultivo sobre un asunto, su solicitante no podrá recabar, para el mismo procedimiento y en los mismos términos, ningún otro informe de cualquier otro órgano de la Comunidad Autónoma o del Estado; de ello deriva que dicho dictamen sea el último trámite antes de la aprobación por el Gobierno de Canarias. El dictamen, pese a la colaboración institucional manifestada en su urgente aprobación, fue emitido con fecha 18 de diciembre de 2020, concluido el último Pleno del Parlamento de Canarias previsto para 2020.

- De acuerdo con el apartado cuatro de la Disposición adicional octava de la Ley 22/2009, los proyectos normativos de rango legal de modificación de la normativa del AIEM deberán ser sometidos a informe del Ministerio de Hacienda, con carácter previo a su remisión al Parlamento de Canarias; a ello hay que añadir, que el informe debe ser favorable cuando se trate de la adición de bienes muebles corporales, como es el supuesto que nos ocupa, en el Anexo II de la Ley 4/2014.

El informe favorable de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda fue emitido con fecha 27 de noviembre de 2020.

- El calendario de plenos y comisiones del Parlamento de Canarias para el mes de diciembre de 2020, cuyo último pleno estaba fijado para el día 17 de diciembre.

El objeto esencial de la presente norma legal es la adaptación del Anexo II de la Ley 4/2014, que recoge los bienes muebles corporales cuya entrega por parte de su productor se encuentra exenta del AIEM conforme al artículo 2.4 de la Ley 4/2014, a la Decisión (UE) 2020/1792, que supone ratificar gran parte de los bienes corporales actualmente incluidos en el citado Anexo II, pero también implica incluir nuevos bienes corporales o suprimirlos.

Señalábamos con anterioridad que la autorización contenida en la Decisión (UE) 2020/1792, incluye un listado de productos a 4 dígitos correspondiendo a la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con las competencias normativas delegadas por el Estado, definir el listado de productos protegidos con mayor desagregación (dentro de las familias de productos a 4 dígitos). A ello hay que añadir que, de acuerdo con el artículo 2 de la citada Decisión, el regulador europeo deja en manos de las autoridades españolas la necesaria selección, bajo criterios concretos, de los productos que elaborados localmente se benefician de la exención en su entrega interior por parte de su productor.

Una Decisión europea vincula a sus destinatarios en todos sus elementos y de manera directa e inmediata. Ello supondría que en el caso de que no se aprobara el Decreto ley, el sometimiento a gravamen de los productos contenidos en el Anexo I corresponde a la capacidad normativa de un tributo estatal, y por tanto el Anexo I se podría aplicar inalterado, aunque ello supusiera seguir gravando productos que no está previsto seguir gravando en el próximo período; sin embargo, los productos contenidos en el Anexo II son aquellos que, previamente autorizados por el Consejo, pueden ser gravados a la importación, pero quedan exentos a la entrega interior por parte de su productor local, por lo que aquellos productos contenidos en el Anexo II en la actual redacción de la Ley 4/2014 que no estén, sin embargo, enumerados en la nueva Decisión del Consejo no podrían seguir exentos a la entrega interior y por tanto se daría la paradoja de que se pasara a gravar la importación de productos sin el objetivo de la protección de la producción local que es, precisamente, el fin del gravamen.

Todas estas circunstancias lesionarían el principio de seguridad jurídica que debe presidir toda regulación, en especial la tributaria por las consecuencias que derivan de su aplicación por los obligados tributarios y el sujeto activo de la relación jurídica-tributaria que emana de la realización del hecho imponible.

Todos los motivos expuestos justifican amplia y razonadamente la extraordinaria y urgente necesidad de que por parte del Gobierno de Canarias se apruebe, conforme al apartado 1 del artículo 46 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, un decreto-ley modificando la Ley 4/2014.

El Decreto ley constituye, por tanto, el instrumento constitucional y estatutariamente previsto a estos efectos, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia sea, tal y como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el establecido por la vía normal o por el procedimiento abreviado o de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

V

El presente Decreto ley no vulnera los límites materiales del mismo, porque no afecta al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos del Título I de la Constitución. En efecto, respecto a la regulación de materias de naturaleza tributaria a través de la figura del decreto-ley, el Tribunal Constitucional ha recordado recientemente, en el fundamento jurídico 6 de su Sentencia 14/2020, de 28 de enero, que este instrumento normativo no está vedado para cualquier modificación que afecte a normas tributarias, "sino solamente aquellas "que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere[n] sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario", para lo cual "es preciso tener en cuenta, en cada caso, en qué tributo concreto incide el Decreto ley -constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica-, qué elementos del mismo -esenciales o no- resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate" (STC 73/2017, citada por los recurrentes, FJ 2)".

En este sentido, añade el Tribunal Constitucional que "[e]n las sentencias dictadas hasta la fecha, este Tribunal ha considerado vedadas las modificaciones «sustanciales» del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), por tratarse de «uno de los pilares estructurales de nuestro sistema tributario» [SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 9; 189/2005, de 7 de julio, FJ 8, y 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3.d), entre otras]. La STC 73/2017, FFJJ 3 y 4, ha extendido esta doctrina, además de al IRPF, al impuesto sobre sociedades y al impuesto sobre la renta de no residentes como «apéndice» o «complemento» de los anteriores. En cambio, hemos declarado que no conculca los límites del artículo 86.1 CE la modificación por real decreto-ley del tipo de gravamen de impuestos especiales sobre el consumo, puesto que estos impuestos, «lejos de configurarse [cada uno de ellos] como un tributo global sobre la renta o sobre el consumo, grava una específica manifestación de capacidad económica», de modo que esa modificación parcial «no ha provocado un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario» (STC 137/2003, de 3 de julio, FJ 7, para el impuesto sobre determinados medios de transporte, y STC 108/2004, de 30 de junio, FJ 8, para el impuesto especial sobre el alcohol y bebidas derivadas). De la misma manera, hemos considerado que tampoco vulnera los límites del artículo 86.1 CE la reducción de la base imponible para determinadas adquisiciones gravadas por el impuesto de sucesiones y donaciones, que «a diferencia del impuesto sobre la renta de las personas físicas, no se configura como un tributo global sobre la renta o sobre el consumo, sino que se limita a gravar una manifestación concreta de capacidad económica», al no poderse afirmar que «repercuta sensiblemente en el criterio de reparto de la carga tributaria entre los contribuyentes» (STC 189/2005, de 7 de julio, FJ 8)."

Pues bien, el AIEM no constituye ni "un pilar estructural" del sistema tributario español, ni tiene una posición central en el especial subsistema tributario canario, dado que no se configura como un tributo global sobre el consumo al solo hacer tributar una fase del proceso de producción y comercialización de determinados bienes muebles corporales (la entrega de determinados bienes que se producen localmente en las Islas Canarias por parte de su productor); por tanto, grava una específica manifestación de la capacidad económica. A esta circunstancia debe añadirse que gran parte del ámbito objetivo de aplicación del AIEM (Anexo I de la Ley 4/2014) y de la exención interior a la entrega de determinados bienes efectuados por su productor (Anexo II), permanece inalterable respecto a la situación hasta el día 31 de diciembre de 2020; igualmente, los cambios de tipos impositivos son puntuales respecto a la importación o entrega de determinados bienes, de modo que las modificaciones que se operan en este Decreto ley no implican una modificación sustancial de la posición de los contribuyentes frente al AIEM.

El AIEM es un tributo con una clara función extrafiscal tendente a fomentar la producción local. Como manifiesta la exposición de motivos de la propia Ley 4/2014, de 26 de junio, "constituye un instrumento al servicio de los objetivos de desarrollo autónomo de los sectores productivos canarios y de la diversificación de la economía canaria como estrategia para enfrentar las desventajas que inciden negativamente en la producción industrial en las Islas Canarias y que derivan de su situación ultraperiférica. A tal fin, el AIEM se aplica a una lista de productos industriales, para los que podrán contemplarse exenciones a favor de producciones locales que se consideran sensibles."

El propio Parlamento de Canarias, en el Dictamen aprobado a instancia de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea, relativo a la Propuesta de Decisión del Consejo sobre el Impuesto AIEM aplicable en las Islas Canarias [COM(2020) 355 final] [COM(2020) 355 final anexo] [2020/0163 (CNS)] {SWD(2020) 154 final} (Boletín Oficial del Parlamento de Canarias nº 370, de 16.10.2020), manifiesta que "[e]l objetivo de esta medida es compensar a los productores de las Islas Canarias por las dificultades permanentes que experimentan debido a su aislamiento, a su dependencia en lo que respecta a la energía y las materias primas, a la obligación de acumular existencias, al tamaño reducido del mercado local y a una actividad exportadora poco desarrollada. Tomadas en su conjunto, estas limitaciones suponen un sobrecoste para los productos de fabricación local, por lo que, de no adoptarse medidas específicas, la competitividad de los productores locales sería inferior a la de los productores de Europa continental, incluso teniendo en cuenta el coste del transporte de las mercancías a las Islas Canarias. Todo ello dificultaría el mantenimiento de una producción local. Las medidas específicas tienen por objeto reforzar la industria local mediante la compensación de los costes adicionales en que incurren las empresas y la consiguiente instauración de condiciones de competencia equitativas.

La propuesta considera que el AIEM constituye un instrumento al servicio de los objetivos de desarrollo autónomo de los sectores industriales productivos canarios y de diversificación de la economía canaria. Por ende, esta excepción continúa estando justificada como contribución a la promoción de las actividades locales en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social de Canarias, al continuar persistiendo los hándicaps de la industria canaria y, en particular, los ligados a los sobrecostes de la ultraperiferia, evidenciados por el Estudio de sobrecostes de la economía canaria de mayo de 2019, el estudio específico de sobrecostes de las ramas de AIEM, también de mayo de 2019, que se deriva del anterior y un gran número de fichas de justificación de la propuesta por producto elaboradas por Canarias para la preparación del expediente."

Se puede afirmar, por lo tanto, que la modificación del AIEM que el Decreto ley contiene no personaliza ni repercute sensiblemente en el reparto de la carga tributaria del sistema fiscal de Canarias, según criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad, y que no provoca un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario, de manera que no afecta a la esencia del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.2 de la Constitución (SSTC 137/2003, de 3 de julio, 108/2004, de 30 de junio y 189/2005, de 7 de julio, citadas).

VI

El contenido dispositivo del Decreto ley tiene, como se ha expuesto, un propósito principal, que no es otro que adecuar los listados de productos que conforman el ámbito objetivo del hecho imponible y de la exención del AIEM a la nueva autorización comunitaria plasmada en la Decisión 2020/1792, del Consejo citada. Para ello, se modifican los Anexos I y II de la Ley 4/2014, de 26 de junio. Asimismo, se suprime el apartado 4 del artículo 3, el cual hace referencia a la sistemática de los anexos de la Ley según la estructura del arancel aduanero común. El contenido de tal apartado pasa ahora a estructurase dentro de la Disposición adicional tercera relativa a la revisión de los anexos de la Ley. Dicha nueva Disposición adicional que se introduce en la Ley 4/2014, de 26 de junio, la tercera, tiene por objeto permitir las actualizaciones de productos afectados por el tributo en atención a la valoración que haya de hacerse de las repercusiones del mismo y su contribución al fomento o mantenimiento de las actividades económicas locales. Finalmente, se establece la vigencia del Decreto ley a partir del día 1 de enero de 2021 para dar debido cumplimiento a la reiterada Decisión (UE) 2020/1792.

El presente del Decreto ley ha tenido en cuenta las consideraciones manifestadas por el Consejo Consultivo de Canarias en su dictamen 546/2020, de 18 de diciembre, emitido en relación con el proyecto de ley tramitado por el Gobierno de Canarias para la modificación de la Ley 4/2014, de 26 de junio. Asimismo, se eliminan del contenido normativo aquellas previsiones inicialmente incorporadas a la iniciativa legislativa del Gobierno en las que no concurren las características necesarias para acudir a la legislación de urgencia.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, a propuesta del Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 23 de diciembre de 2020,

D I S P O N G O:

El presente Decreto ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2021.

Dado en Canarias, a 23 de diciembre de 2020.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Ángel Víctor Torres Pérez.

EL VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO

DE HACIENDA, PRESUPUESTOS

Y ASUNTOS EUROPEOS,

Román Rodríguez Rodríguez.