DECRETO 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.
| Sección | I. DISPOSICIONES GENERALES |
| Emisor | Consejería de Empleo y Asuntos Sociales |
| Rango de Ley | Decreto |
La regulación de la actividad y de la organización administrativas bajo la dirección del Gobierno de Canarias en las áreas del empleo, el trabajo y la seguridad laboral, los servicios sociales, la protección y reforma de menores y la familia, y la juventud, que conforman el núcleo material del acervo competencial de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que se agrupan en la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, ha experimentado, tras el Decreto 329/1995, de 24 de noviembre (B.O.C. nº 159, de 15 de diciembre), por el que se aprobó su Reglamento Orgánico, numerosas modificaciones que se han realizado expresa o tácitamente.
En forma expresa dicho Reglamento se ha modificado por los Decretos 57/1996, de 28 de marzo, por el que se crea y regula el Instituto Canario de la Juventud; 240/1997, de 30 de septiembre, por el que se regula la composición y funciones del Consejo Canario de los Mayores; 27/1999, de 25 de febrero, mediante el que se atribuye a la Dirección General de Servicios Sociales las funciones que realizaba el Instituto Social de la Marina en materia de asistencia y servicios sociales, traspasadas a la Comunidad Autónoma de Canarias por Real Decreto 35/1999, de 15 de enero; 73/2000, de 8 de mayo, por el que se crea el Foro Canario de la Inmigración; 138/2000, de 10 de julio, mediante el que se suprimieron las Direcciones Territoriales de Trabajo y se crearon, como órganos territoriales, los Servicios de Promoción Laboral; 13/2002, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias; y 36/2002, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros para la ejecución de las medidas de internamiento de menores y jóvenes infractores dictadas por los Juzgados de Menores.
Además de dichas disposiciones, otras muy numerosas han incidido en las dotaciones competenciales de los órganos agrupados en la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales así como en su estructura orgánica, como se indica a continuación.
En el primer aspecto se han producido modificaciones con un doble origen. Por un lado, las introducidas por la Ley 3/1996, de 11 de julio, de Participación de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre generaciones, desarrollada por el Decreto 236/1998, de 18 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de acceso y los criterios para el pago del servicio en centros de alojamiento y estancia para personasmayores, y por el Decreto 63/2000, de 25 de abril, por el que se regula la ordenación, autorización, registro, inspección y régimen de infracciones y sanciones de centros para personas mayores y sus normas de régimen interno; la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, modificada por la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias, y desarrollada por: el Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que se regula la habilitación de las entidades colaboradoras de adopción internacional; el Decreto 54/1998, de 17 de abril, por el que se regulan las actuaciones de amparo de los menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias; el Decreto 130/1999, de 17de junio, por el que se regula la habilitación de las entidades colaboradoras de atención integral a menores; el Decreto 40/2000, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros de atención a menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 36/2002, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros para la ejecución de medidas de internamiento de menores y jóvenes infractores dictadas por los Juzgados de Menores; y el Decreto 48/2003, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de atención a menores; la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, y la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.
Y por otro lado, se han producido modificaciones competenciales derivadas del traspaso de funciones y servicios, en una doble dirección y con distintos efectos: desde la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, como la efectuada por el citado Real Decreto 35/1999, de 15 de enero, y desde la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares, lo que ha ocurrido en materia de juventud (ocupación, ocio y esparcimiento) por Decreto 155/1994, de 21 de julio, y Decretos de traspaso 152 a 158/1997, de 11 de julio, en materia de protección de menores por Decreto 159/1997, de 11 de julio, y Decretos de traspaso 203 a 208/1997, de 7 de agosto, hallándose pendiente el traspaso de medios al Cabildo Insular de El Hierro, y en materia de servicios sociales especializados a personas mayores y minusválidos por Decreto 113/2002, de 9 de agosto, y Decretos de traspaso 191 a 197/2002.
En cuanto a la estructuraorgánica, además de la necesaria actualización de los órganos superiores (ello motivado por la extinción de la Viceconsejería de Asuntos Sociales y la creación de la Viceconsejería de Asuntos Sociales e Inmigración por el Decreto 123/2003, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias) y de la expresada modificación realizada por el Decreto 138/2000, de 10 de julio, que afectó a los órganos unipersonales periféricos, cabe reseñar, por lo que se refiere a órganos colegiados, la supresión de la Comisión de Tutela y Guarda y de la Comisión de Adopción de Menores por Decreto 54/1998, de 17 de abril, y la creación de otros, como el Consejo Canario de los Mayores y la Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado por la citada Ley 3/1996, de 11 de julio; la Comisión Interadministrativa de Menores, la Comisión de Atención al Menor y la Comisión de Menores, creadas por la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores; el Consejo para la promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, creado por la Ley 8/1995, de 6 de abril, y regulado por el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, modificado por Decreto 148/2001, de 9 de julio; la Comisión Intersectorial de Voluntariado, creada por el artículo 18 de la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, y regulada por el Decreto 13/2002, de 13 de febrero, por el que se desarrolla aquella Ley; el Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN), creado por Decreto 222/1998, de 1 de diciembre; las Comisiones Insulares de Acceso y Seguimiento en materia de centros de alojamiento y estancia para personas mayores, creadas por el Decreto 236/1998, de 18 de diciembre, y el Foro Canario de la Inmigración, creado por Decreto 73/2000, de 8 de mayo, modificado por Decreto 56/2001, de 19 de febrero.
También debe mencionarse la creación, dentro del conjunto orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, de nuevas estructuras orgánicas bajo la forma de Institutos, sin personalidad jurídica, que agrupan órganos unipersonales y colegiados, como son el Instituto Canario de la Juventud, creado por Decreto 57/1996, de 28 de marzo, modificado por Decreto 199/1997, de 7 de agosto, y el Instituto Canario de Seguridad Laboral, creado por Decreto 215/1998, de 20 de noviembre, modificado por Decreto 54/2002, de 6 de mayo.
Por último, debe tenerse en cuenta el Decreto 123/2003, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, que, en su Disposición Final Primera prevé que los departamentos afectados por el mismo elevarán al Gobierno, en propuesta conjunta con la Consejería de Presidencia y Justicia, los correspondientes proyectos de estructura orgánica y funcional de los Departamentos.
Todas estas modificaciones, dado el gran volumen que...
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