LEY 12/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2007.

El régimen presupuestario regulado en este título será de aplicación a la Comunidad Autónoma y a los entes relacionados en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 1 de esta ley, aunque al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia sólo le afecta respecto de sus dotaciones limitativas.

Los créditos para gastos de los entes a que se refiere el artículo anterior se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que han sido autorizados por esta ley, o a la que resulte de las modificaciones aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante con sujeción a la clasificación y ordenación orgánica, funcional y económica de los mismos, según se señala en los artículos siguientes.

1. Los créditos incluidos en el capítulo 1 "Gastos de Personal" del Presupuesto de la Comunidad Autónoma son vinculantes a nivel de sección, programa y capítulo con las salvedades siguientes:

   1. Se exceptúan de la vinculación funcional los créditos consignados en los subconceptos 130.06 "Horas extras", 131.06 "Horas extras", 151.00 "Gratificaciones" y 170.42 "Aplicación incremento retributivo LPGE".

   2. Se exceptúan de la vinculación económica señalada:

   - los créditos de los subconceptos 130.06 "Horas extras" y 131.06 "Horas extras", que son vinculantes a nivel de artículo, sólo entre sí.

   - los créditos de los artículos 14 "Otro Personal", 15 "Incentivos al rendimiento" y 17 "Gastos diversos del personal" que vinculan a nivel de subconcepto, salvo los correspondientes al programa 142A "Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal" y al subconcepto 170.42 "Aplicación incremento retributivo LPGE" que lo son a nivel de capítulo.

2. Los créditos del capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios" del Presupuesto de la Comunidad Autónoma son vinculantes a nivel de sección, servicio, programa y capítulo. Se exceptúan de dicha vinculación económica, estableciéndose a nivel de subconcepto, la de los créditos incluidos en los siguientes subconceptos:

   202.00 "Edificios y otras construcciones".

   221.00 "Energía eléctrica".

   222.00 "Telefónicas".

   226.01 "Atenciones protocolarias y representativas".

   226.02 "Publicidad y propaganda".

   226.06 "Reuniones, cursos y conferencias".

   227.01 "Seguridad", salvo los del programa 431A "Dirección, promoción y gestión en materia de vivienda" del Instituto Canario de la Vivienda.

   227.06 "Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales", salvo los del programa 142A "Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal".

   227.11 "Actividades preventivas de riesgos laborales".

   227.12 "Gastos centralizados de comunicaciones e informática".

   Y en el concepto 229 "Gastos corrientes tipificados".

3. Los créditos del capítulo 4 "Transferencias Corrientes" del Presupuesto de la Comunidad Autónoma son vinculantes a nivel de línea de actuación.

   La línea de actuación queda definida por su denominación, finalidad, localización, clasificación orgánica, funcional y económica, a nivel de sección, servicio, programa y capítulo, respectivamente, así como por el importe de la anualidad corriente.

4. Los créditos de los capítulos 6 "Inversiones Reales" y 7 "Transferencias de Capital" del Presupuesto de la Comunidad Autónoma son vinculantes a nivel de proyecto de inversión.

   El proyecto de inversión queda definido por su denominación, localización, clasificación orgánica, funcional y económica, a nivel de sección, servicio, programa y capítulo, respectivamente, así como por el importe de la anualidad corriente. No obstante, los proyectos de inversión incluidos en el capítulo 7 quedan definidos, además, por el importe total de las anualidades futuras.

5. Los créditos de los capítulos 3 "Gastos Financieros", 8 "Activos Financieros" y 9 "Pasivos Financieros" del Presupuesto de la Comunidad Autónoma son vinculantes a nivel de sección, servicio, programa y concepto.

6. Las vinculaciones establecidas en los apartados anteriores se aplicarán a todos los organismos autónomos y restantes entes sometidos a régimen presupuestario, a excepción de los créditos del Servicio Canario de la Salud y del Consorcio Sanitario de Tenerife, que se ajustarán a la vinculación establecida en el artículo 10 de esta ley.

7. El régimen de vinculaciones establecido en esta ley no será de aplicación a las operaciones propias de la actividad del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, reflejadas en sus cuentas de operaciones comerciales.

1. Los créditos ampliables de los capítulos 1, 2 y 3 son vinculantes a nivel de la clasificación orgánica, funcional y económica con que aparecen en los estados de gastos, a excepción del subconcepto 125.02 "Sustituciones, atribución temporal de funciones", que tendrán la vinculación establecida para el capítulo 1.

2. Los créditos ampliables de los restantes capítulos son vinculantes al nivel establecido con carácter general para los mismos, a excepción de la clasificación económica que vinculará a nivel de subconcepto.

3. Los subconceptos económicos que amparen créditos ampliables podrán ser objeto de ampliación aunque carezcan de consignación inicial para ello.

1. Los créditos incluidos en el capítulo 1 "Gastos de Personal", del Servicio Canario de la Salud y el Consorcio Sanitario de Tenerife son vinculantes al mismo nivel que los créditos de la Comunidad Autónoma con las siguientes especificidades:

   1. La vinculación orgánica se establece a nivel de servicio.

   2. En la vinculación funcional, los créditos de los subconceptos 130.06 "Horas extras", 131.06 "Horas extras" y 151.00 "Gratificaciones" son vinculantes a nivel de programa.

   3. En la vinculación económica:

   Los créditos del artículo 14 "Otro personal" son vinculantes a nivel de capítulo.

   Los créditos de los subconceptos 150.01 "Productividad personal estatutario Servicio Canario de la Salud (SCS), factor fijo", 150.02 "Productividad APD, Servicio Canario de la Salud (SCS), factor fijo" y 150.03 "Productividad personal estatutario Servicio Canario de la Salud (SCS), factor variable", son vinculantes a nivel de capítulo.

2. Los créditos del capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios" son vinculantes al mismo nivel que los de la Comunidad Autónoma con las especificidades siguientes:

   1. Los créditos consignados en el subconcepto 220.05 "Productos farmacéuticos" son vinculantes a nivel de subconcepto.

   2. Los créditos consignados en el artículo 25 "Asistencia sanitaria con medios ajenos" son vinculantes a nivel de artículo.

3. Los créditos que tengan el carácter de ampliable, así como la totalidad de los créditos consignados en los restantes capítulos, son vinculantes al mismo nivel que los de la Comunidad Autónoma.

   No obstante lo señalado en el párrafo anterior:

   1. Los créditos del capítulo 4 "Transferencias corrientes" consignados en el programa 412F, del servicio 25 son vinculantes a nivel de sección, servicio, programa y capítulo.

   2. Los créditos consignados en los programas 412C y 412F del capítulo 6 "Inversiones reales" son vinculantes a nivel de sección, servicio, programa y capítulo.

1. Los créditos consignados en el programa 912C "Del Fondo Canario de Financiación Municipal" son vinculantes a nivel de sección, servicio y programa.

2. Los créditos consignados en los programas 421B, 422B, 422C, 422K y 423C, del capítulo 6 de la sección 18, servicio 05, afectos al Plan Integral de Empleo de Canarias son vinculantes a nivel de sección, servicio y capítulo.

3. Serán vinculantes a nivel de sección, servicio, programa y capítulo los siguientes créditos:

1. Los créditos consignados en el programa 442F del capítulo 6 de la sección 12, servicio 09, cofinanciados con el Fondo de Cohesión.

2. Los créditos consignados en los proyectos destinados a la financiación de las expropiaciones y otras actuaciones del programa 513M "Convenio de Carreteras con el Ministerio de Fomento".

3. Los créditos consignados en los proyectos destinados a la financiación de las actuaciones y proyectos derivados del convenio celebrado con la empresa Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A., al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1997, para actuaciones en materia de carreteras y otras infraestructuras de interés general.

4. Los créditos consignados en el programa 513J de los capítulos 6 y 7 de la sección 16, servicio 05, para actuaciones en infraestructuras de costas.

5. Los créditos consignados en el programa 714I de los capítulos 4, 6 y 7 de la sección 13, servicio 09, cofinanciados con el Instrumento Financiero de Ordenación de la Pesca (IFOP).

6. Los créditos consignados en los capítulos 4 y 7 del programa 313D, servicio 07 y sección 23, destinados a financiar acciones en el marco del Plan de Infraestructura Sociosanitaria para Personas Mayores, y del programa 313E para financiar el Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias.

7. Los créditos del Instituto Canario de la Vivienda consignados en el programa 431B, del capítulo 6 de la sección 11, servicio 01, destinados a la construcción de viviendas de promoción pública.

8. Los créditos del Instituto Canario de la Vivienda consignados en el programa 431D, del capítulo 7 de la sección 11, servicio 01, que no cuenten con financiación de la Administración General del Estado, destinados al Plan Canario de Vivienda, a la promoción y fomento de suelo, a la adquisición de viviendas ya construidas, a la adquisición de viviendas de nueva construcción, a la autoconstrucción y a la rehabilitación y reposición de viviendas, excluidas las rurales.

9. Los créditos consignados en los proyectos destinados a la financiación del programa 513L "Plan cofinanciado Mejora de la Red Viaria".

10. Los créditos consignados en el programa 516D de los capítulos 6 y 7 de la sección 16 del servicio 05, a efectos del cumplimiento de los convenios de colaboración celebrados con los cabildos insulares para la ejecución del Plan de Infraestructuras y Calidad Turística.

11. Los créditos consignados en el programa 432D "Apoyo a la modernización de la gestión y elaboración del planeamiento", del capítulo 6 de la sección 12 del servicio 03.

12. Los créditos consignados en el programa 421A del capítulo 6 de la sección 18, servicio 02, destinados a los colegios en la red (Proyecto Medusa).

13. Los créditos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural consignados en el programa 432B del capítulo 2 de la sección 12, servicio 01, destinados a los gastos derivados de la financiación de los programas para la protección, restauración o mejora del territorio canario.

14. Los créditos consignados en el programa 622D, del capítulo 7, de la sección 15 del servicio 05, destinados a la financiación del Programa Sectorial de Potenciación de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias.

    ñ) Los créditos del Servicio Canario de la Salud consignados en el programa 412C del capítulo 4 de la sección 14, servicio 18, destinados a los Planes de Infraestructura Sociosanitaria para Personas Mayores.

15. Los créditos del Servicio Canario de la Salud consignados en el programa 412C del capítulo 4 de la sección 14, servicio 18, destinados al Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad.

16. Los créditos consignados en el programa 313H del capítulo 7 de la sección 23, servicio 08, para la financiación del Plan Sectorial de Escuelas Infantiles y Apoyo a la Familia.

17. Los créditos consignados en el programa 441C "Convenio Ministerio de Medio Ambiente para actuaciones en materia de aguas" del capítulo 6 de la sección 11, servicio 05.

1. Durante el ejercicio 2007, las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en esta ley y, en lo no previsto en ésta, a lo establecido en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Los expedientes de modificaciones de crédito indicarán expresamente:

   1. La estructura orgánica afectada a nivel de ente, sección y servicio.

   2. La estructura funcional afectada a nivel de programa.

   3. La estructura económica afectada a nivel de subconcepto.

   4. Cuando la modificación de crédito afecte a los capítulos 4, 6 y 7, se indicarán todos los elementos definitorios y vinculantes de las líneas de actuación o de los proyectos de inversión afectados y su repercusión financiera en ejercicios posteriores.

3. Las modificaciones de crédito con cobertura en el estado de ingresos de los presupuestos deberán indicar expresamente la estructura orgánica y económica de los ingresos afectados.

4. Las propuestas de modificación de crédito incluirán una memoria explicativa de las repercusiones cuantitativas y cualitativas en los objetivos de los programas afectados y las razones de la modificación, así como una justificación detallada de los motivos por los que se propone la utilización de los recursos o créditos que le dan cobertura.

5. Cuando la modificación de crédito implique una variación de los presupuestos de explotación y capital de las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas a que hacen referencia los apartados 5, 6 y 7 del artículo 1 de esta ley, éstas deberán tramitar la autorización prevista en el artículo 35 de la misma, en el plazo máximo de 2 meses a contar desde que se autorizó la correspondiente modificación de crédito, o, cuando por la finalización del ejercicio no se disponga de dicho plazo, dentro del ejercicio presupuestario.

1. Durante el ejercicio 2007, cuando se haya efectuado el correspondiente ingreso o el reconocimiento del derecho o exista un compromiso firme de la aportación, podrán generar crédito:

   1. Los ingresos derivados de los intereses que generen los fondos entregados al Parlamento, así como los que provengan del rendimiento de sus bienes, ya sean propios o adscritos. La generación se imputará a los estados de gastos de la sección correspondiente al Parlamento de Canarias.

   2. Los ingresos realizados durante el ejercicio, como consecuencia de la ejecución de las garantías previstas en la legislación de contratos de las administraciones públicas. La generación se imputará a créditos destinados a cubrir gastos de la misma finalidad para los que estaban constituidas las citadas garantías.

   3. Los ingresos que deriven de las ampliaciones previstas en la letra l), apartado 1 del anexo I de la presente ley.

   4. Los reintegros derivados de la compensación de las prestaciones por incapacidad temporal del personal que, en régimen de pago delegado, abona la Administración por cuenta de la Tesorería General de la Seguridad Social. La generación se imputará a los subconceptos previstos para sustituciones de personal laboral o funcionario.

   5. Los recursos procedentes de la Unión Europea, de la Administración General del Estado o de las entidades que integran la Administración Local, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las entidades u organismos vinculados o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas para financiar servicios, inversiones, programas, convenios, subvenciones o ayudas.

   6. Los supuestos previstos en la legislación general presupuestaria del Estado.

   7. Los ingresos derivados de lo dispuesto en el artículo 17.b) de la presente ley.

   8. Los ingresos percibidos en concepto de indemnizaciones derivadas de siniestros o daños materiales, para atender gastos derivados de la reparación de los bienes que dieran derecho a la indemnización o su reposición.

   9. Los ingresos derivados de reintegros de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva financiados con fondos estructurales por importe superior a 60.000 euros.

   10. Los ingresos procedentes de la enajenación de bienes patrimoniales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias que se destinarán a la financiación de obligaciones derivadas del arrendamiento o adquisición de inmuebles destinados a servicios públicos.

2. Con carácter excepcional, podrán generar crédito los ingresos derivados de los supuestos previstos en el apartado anterior realizados en el último trimestre del ejercicio anterior.

Durante el ejercicio 2007 se podrán incorporar únicamente los remanentes de los siguientes créditos:

1. Los correspondientes al Parlamento de Canarias. La incorporación será acordada por la Mesa del Parlamento.

2. Los consignados en el programa 912C "Del Fondo Canario de Financiación Municipal".

3. Los asignados a acciones o proyectos financiados total o parcialmente por la Unión Europea, el sector público estatal, otras administraciones públicas, corporaciones de Derecho Público o entidades privadas, siempre que su no incorporación pueda suponer una merma de financiación para la Comunidad Autónoma de Canarias.

4. Los asignados a acciones o proyectos gestionados por otras administraciones públicas o instituciones, cofinanciados con la Unión Europea, el sector público estatal, corporaciones de Derecho Público o entidades privadas, siempre que su no incorporación origine la minoración de las restantes aportaciones.

5. Los destinados a operaciones de capital. Su autorización conllevará una correlativa retención del crédito a consignar inicialmente en el mismo programa y su no disponibilidad para el ejercicio 2007 por la misma cuantía que la del crédito consignado.

6. Los ampliados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados, sólo por el importe efectivamente ampliado.

7. Los derivados de los supuestos de generaciones de crédito.

8. Los asignados a los cabildos insulares para el desempeño de las competencias transferidas o delegadas.

9. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se hayan concedido por ley en el último trimestre del ejercicio presupuestario anterior.

10. Los ampliados en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

11. Los consignados para financiar los convenios del transporte terrestre regular de viajeros, sólo por el importe preciso para garantizar la aportación financiera de la Comunidad Autónoma a los mismos.

12. Los de los capítulos 4, 6 y 7 consignados para la financiación de los planes y programas sectoriales aprobados por el Gobierno de Canarias, sólo cuando sea necesario para realizar en el ejercicio las actuaciones previstas en aquéllos.

13. El concedido por la Ley 7/2002, de 18 de julio, de concesión de crédito extraordinario, por importe de sesenta y cinco millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y ocho (65.682.568) euros, para financiar ayudas, subvenciones y medidas de carácter excepcional para reparar los daños producidos por lluvias, temporales y otros fenómenos naturales relacionados con la climatología adversa y de adopción de medidas fiscales y presupuestarias.

14. Los créditos del capítulo 1 necesarios para financiar el Acuerdo Administración-Sindicatos sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

15. Los créditos de la sección 08, servicio 18, programa 142A, capítulo 1, destinados a cubrir el abono de los atrasos del nuevo sistema retributivo al personal que actualmente no preste servicios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la parte que le corresponda por los servicios prestados a la misma.

16. Los créditos del capítulo 2, consignados para la financiación de las actividades preventivas de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos.

17. Los destinados a operaciones de capital de sociedades mercantiles públicas.

18. Los destinados a iniciativas territoriales de desarrollo económico.

19. Los destinados a la reparación de los daños producidos por la climatología adversa en noviembre de 2005.

20. El consignado en el proyecto de inversión 06719217 "Excavación arqueológica en un pozo de la Guerra Civil, Ayuntamiento de Arucas".

21. Los destinados a gastos de capital consignados en la sección 19 "Diversas consejerías".

22. Los destinados a la construcción de infraestructuras deportivas educativas, consignados en los capítulos 6 y 7, de la sección 18, servicio 05, programa 422C.

23. Los créditos de los capítulos 6 y 7, de la sección 16, servicio 05, programa 516C.

1. Durante el ejercicio 2007 tienen el carácter de ampliables los créditos recogidos en el anexo I de esta ley y en el artículo 36 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Los créditos ampliables podrán incrementarse también en los siguientes supuestos:

   1. Cuando el ingreso se haya imputado al ejercicio 2006, y no se hubiese ampliado el crédito, en función de la recaudación efectiva, en dicho ejercicio.

   2. Cuando se hayan realizado las bajas en virtud de lo establecido en el artículo 93 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, durante el ejercicio 2006, y no se hubiese ampliado el crédito por el mismo importe en dicho ejercicio.

   3. Cuando se hayan realizado las bajas a que se refiere el artículo 55.6 de esta ley durante el ejercicio 2006 y no se hubiese ampliado el crédito por el mismo importe en dicho ejercicio.

3. Las ampliaciones de crédito en función del reconocimiento de obligaciones sólo se tramitarán cuando no exista crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias correspondientes del estado de gastos de los Presupuestos.

Las ampliaciones de crédito que se contemplan en el presente artículo tendrán cobertura, por el importe correspondiente, en bajas de crédito de las aplicaciones presupuestarias incluidas en los estados de gastos de los presupuestos aprobados por esta ley, sin que en ningún caso estas puedan afectar a créditos ampliables, según se establece en los apartados siguientes:

1. Las ampliaciones de crédito para dar cumplimiento a los Acuerdos del Gobierno motivados por siniestros, catástrofes o causas de fuerza mayor, tendrán cobertura en bajas de crédito, por el importe y en las secciones que en los mismos se determine.

2. Para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales o arbitrales y transacciones y acuerdos aprobados judicialmente referidas en el anexo I de esta ley, se efectuarán bajas en créditos de la misma sección. Si la cuantía de las resoluciones judiciales o arbitrales y transacciones y acuerdos aprobados judicialmente fuese superior a 150.000 euros, el Gobierno, a iniciativa del titular del departamento a que afecte la misma y a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda, previo informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, podrá autorizar que la ampliación no conlleve una correlativa baja de crédito.

   Cuando un departamento, organismo o ente haya dado cumplimiento, aislada o acumulativamente, a resoluciones judiciales o arbitrales y transacciones y acuerdos aprobados judicialmente con cargo a su presupuesto por importe igual o superior a 150.000 euros o al 0,50 por ciento de su crédito inicial, descontando de este importe los créditos cofinanciados, el Gobierno, conforme al procedimiento establecido en el párrafo anterior, decidirá si las sucesivas ampliaciones conllevarán la correlativa baja de crédito.

3. Las ampliaciones que, con carácter excepcional, se tramiten para atender obligaciones correspondientes a gastos generados en ejercicios anteriores tendrán cobertura en bajas de crédito de la misma sección.

4. Las ampliaciones de crédito que se efectúen en los programas 422B, 422C y 422K de la sección 18 "Educación, Cultura y Deportes" para el abono de las retribuciones del personal docente que se encuentre desempeñando una atribución temporal de funciones fuera de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, tendrán cobertura en una baja de crédito en el departamento de destino.

Cuando los supuestos previstos en el artículo anterior afecten a los organismos autónomos y demás entes públicos vinculados o dependientes de la Comunidad Autónoma, sometidos a régimen presupuestario o, en su caso, a otra Administración, se podrá optar por:

1. La compensación, en cuyo caso la ampliación en la Comunidad Autónoma se financiará con la baja en créditos en la línea de actuación que financia al ente público afectado, que compensará, asimismo, dicho importe en su presupuesto de ingresos y gastos.

2. El ingreso en la Comunidad Autónoma, para generar crédito en la misma.

Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos de la Comunidad Autónoma, que se tramiten durante el ejercicio 2007, se podrán financiar con cargo a la parte del remanente de tesorería que no haya sido aplicado al presupuesto, con bajas a otros créditos o con mayores ingresos a los previstos inicialmente.

1. Durante el ejercicio 2007, las transferencias de crédito se ajustarán a las siguientes reglas:

   1. No minorarán créditos ampliables ni créditos extraordinarios autorizados durante el ejercicio, con la salvedad prevista en la letra e) del presente apartado.

   2. No minorarán créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos que amparen gastos de personal.

   3. No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos que amparen gastos de personal.

   4. No minorarán los créditos de las líneas de actuación y proyectos de inversión nominados en los anexos de transferencias corrientes y de capital. No obstante, se podrán minorar estos créditos si se mantiene el programa y el perceptor.

   5. Las destinadas a financiar las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo sólo tendrán cobertura en: los créditos consignados en el capítulo 1 de cada sección presupuestaria que no tengan el carácter de ampliable y amparen conceptos retributivos, fijos y periódicos; los créditos que amparan las cuotas sociales y la indemnización por residencia, que sólo podrán destinarse a cubrir el gasto de esos conceptos retributivos, así como en los créditos que para tal finalidad están consignados en la sección 19 "Diversas consejerías".

   6. Cuando tengan por finalidad satisfacer gastos derivados de los efectivos reales, tendrán cobertura en créditos del capítulo 1 y, de no existir crédito disponible en el mismo, en los créditos del capítulo 2.

      En su defecto, estas transferencias podrán tener cobertura en los créditos consignados para tal finalidad en la sección 19 "Diversas consejerías".

   7. Las que utilicen como cobertura subconceptos económicos del artículo 17 "Gastos diversos de personal" sólo se aplicarán a gastos de la misma naturaleza y finalidad.

   8. No minorarán créditos del capítulo 1 para destinarlos a créditos para gastos en otros capítulos, salvo cuando deriven de la reasignación de puestos de trabajos entre las consejerías, sus organismos autónomos y demás entes públicos a través de las relaciones de puestos de trabajo.

   9. No minorarán créditos de operaciones de capital para destinarlos a créditos para gastos por operaciones corrientes.

   10. No minorarán créditos de operaciones financieras para destinarlos a créditos para gastos por operaciones de otra naturaleza.

   11. No incrementarán créditos de los subconceptos 226.01 "Atenciones protocolarias y representativas", 226.02 "Publicidad y propaganda", 226.06 "Reuniones, cursos y conferencias" y 227.06 "Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales". Esta limitación no afectará a las transferencias entre créditos de un mismo subconcepto de la propia sección.

   12. No minorarán los créditos nuevos autorizados o incrementados por las enmiendas incorporadas en el trámite parlamentario de esta ley.

2. A los efectos de este artículo, se entiende por crédito el que corresponde a una línea de actuación o proyecto de inversión, cuando se trate de los capítulos 4, 6 y 7, respectivamente, o al subconcepto en el resto de los capítulos.

1. Con carácter general, las limitaciones previstas en el artículo anterior no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a:

   1. La sección 05 "Deuda Pública".

   2. Los créditos de la sección 19 "Diversas consejerías", tanto si se utilizan en la cobertura como en la aplicación.

   3. Los traspasos de competencias o servicios de la Comunidad Autónoma a las corporaciones locales o de éstas a aquélla.

   4. Reorganizaciones administrativas.

   5. Ajustes derivados de la suscripción o modificación de programas o acciones cofinanciados con la Unión Europea o la Administración General del Estado o que sean necesarios para la adecuada ejecución de dichos créditos.

   6. La ejecución de las medidas previstas en los planes económico-financieros de saneamiento aprobados por el Gobierno.

   7. Las transferencias de crédito del capítulo 6 al 2, dentro de los programas 714H y 714L de la sección 13, cuando las actuaciones o prestaciones de servicios no sean activables y tengan la naturaleza de gasto corriente que requiera su imputación contable al citado capítulo.

2. La limitación establecida en la letra d) del apartado 1 del artículo anterior no afectarán a:

   1. los créditos consignados en la sección 18, servicio 07, programa 422F, capítulo 4, destinados a financiar específicamente las acciones de calidad de las universidades, del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios.

   2. a los créditos de la sección 11, servicio 02, programa 431A, capítulos 4 y 7 del Instituto Canario de la Vivienda.

   3. a las transferencias de crédito de líneas de actuación nominadas del capítulo 4 al 2, cuando las actuaciones o el comportamiento consistan en el ejercicio de una actividad o prestación de un servicio, cuya competencia sea de titularidad de la Comunidad Autónoma y requiera su imputación contable al citado capítulo.

3. Las limitaciones establecidas en la letra i) del apartado 1 del artículo anterior no afectarán a:

   1. las trasferencias de crédito del capítulo 6 al 3, destinadas a hacer frente a gastos financieros derivados de pagos aplazados y arrendamientos.

   2. las transferencias de crédito del capítulo 7 al 4, cuando sean necesarias para garantizar la eficiente utilización de los recursos destinados a financiar los planes y programas sectoriales aprobados por el Gobierno de Canarias.

   3. Las transferencias de crédito precisas para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica.

4. La Mesa del Parlamento podrá acordar transferencias de crédito dentro de su sección presupuestaria sin limitaciones, de lo cual informará a la Consejería de Economía y Hacienda al remitir la liquidación del presupuesto.

1. Además de los supuestos previstos en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno, a propuesta del consejero de Economía y Hacienda y previo informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, podrá autorizar compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autorice en:

   1. El capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios", para financiar los gastos derivados de arrendamientos, con o sin opción de compra, de inmuebles y vehículos destinados a servicios públicos.

      Estos compromisos de gastos podrán autorizarse aunque no se inicien en el presente ejercicio o no exista crédito inicial en el mismo, en cuyo caso el acuerdo del Gobierno especificará la aplicación presupuestaria a la que se imputará el gasto en el futuro y el importe de cada anualidad.

      En el supuesto de arrendamientos de naturaleza financiera su cuantía y procedimiento deberá sujetarse a lo establecido en el artículo 56 de esta ley.

   2. El capítulo 3 "Gastos Financieros", en los supuestos previstos en el artículo 38-bis.3 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

   3. El capítulo 4 "Transferencias Corrientes" destinadas a financiar gastos derivados de:

      - Actividades de investigación.

      - Contratos-programa a que se refiere el artículo 68 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

      - Gastos financieros derivados de operaciones de endeudamiento a largo plazo concertadas por las sociedades mercantiles públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley.

      - Actividades de apoyo y asistencia a los canarios en el exterior, así como de cooperación al desarrollo.

      - Contratos de navegación de interés público y de líneas regulares de cabotaje interinsular sometidas a obligaciones de servicio público.

      - Ayudas a los alquileres de las viviendas de protección oficial adjudicadas conforme al Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas promovidas por la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de alquiler.

      - Contratos-programa con las universidades canarias, al amparo de la Ley 6/1995, de 6 de abril, de Plantillas y Titulaciones Universitarias, u otros instrumentos de colaboración.

      - Conciertos y convenios educativos con centros docentes privados y públicos, para la impartición de las enseñanzas autorizadas previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

      - Ayudas al alumnado para los servicios de comedores y residencias escolares en centros docentes públicos.

      - Subvenciones para becas a estudiantes y/o licenciados, cuando sea preciso por la naturaleza de las mismas.

      - Convenios y contratos-programa para la gestión de centros, servicios y programas de servicios sociales y sanitarios, protección de menores y salud mental.

      - Contratos-programa y convenios de colaboración para la gestión de las acciones de formación e inserción profesional, de empleo y de asistencia técnica.

2. Asimismo, el Gobierno podrá autorizar compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, para gastos corrientes y de capital cuando el gasto no se inicie en el ejercicio corriente o no exista crédito en el mismo, en cuyo caso el acuerdo del Gobierno especificará la aplicación presupuestaria a la que se imputará el gasto en el futuro y el importe de cada anualidad, en los siguientes supuestos:

   - para dar cobertura a convocatorias públicas de subvenciones correspondientes a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación cofinanciadas por la Unión Europea.

   - para hacer frente a los pagos correspondientes a la construcción y/o explotación de infraestructuras públicas que se realicen bajo cualquiera de las formas previstas en la legislación de contratos.

Durante el ejercicio 2007 corresponde al Gobierno, a propuesta del consejero de Economía y Hacienda y a iniciativa de los departamentos o entes afectados, autorizar las siguientes modificaciones de crédito:

1. Transferencias de crédito:

   1. Entre créditos del capítulo 1 de distintas secciones, cuando deriven de reasignaciones de puestos de trabajo o cuando resulten necesarias para dar cobertura a gastos derivados de efectivos reales.

   2. Entre créditos de los capítulos 2 y 4 de distintos programas de la misma sección.

   3. Que afecten a créditos de los capítulos 4 ó 7, en los que el perceptor esté nominado o implique la nominación del mismo.

   4. Que afecten a créditos de los capítulos 6 ó 7, de distintos programas de una misma sección.

   5. Entre créditos de varios programas de una misma o distinta sección para la aplicación o reajuste de recursos provenientes de la Administración General del Estado o de la Unión Europea.

2. Otras modificaciones presupuestarias:

   1. La generación de créditos, cuando la finalidad o el destinatario no venga determinado por la Administración o entidad de procedencia.

   2. Las que afecten a créditos de los capítulos 4 ó 7, cuando el perceptor esté nominado o implique la nominación del mismo, salvo la incorporación de remanentes y las ampliaciones de crédito para dar cumplimiento a las sentencias judiciales referidas en el anexo I de esta ley.

3. Cuando el Gobierno autorice una modificación de crédito o un gasto plurianual que comporte inicial o posteriormente el incremento del importe total de un proyecto de inversión del capítulo 7, se entenderá aprobado, implícitamente, dicho incremento.

4. Las bajas que afecten a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 16 de esta ley.

5. El Gobierno podrá adoptar los acuerdos de no disponibilidad de créditos precisos para garantizar la estabilidad presupuestaria, salvo cuando afecte a gastos vinculados a ingresos, así como en los supuestos necesarios para hacer frente a la ejecución de avales.

Durante el ejercicio 2007, le corresponde al consejero de Economía y Hacienda, además de las competencias genéricas atribuidas a los titulares de los departamentos, y a propuesta de los departamentos afectados, autorizar las siguientes modificaciones de crédito:

1. Transferencias de crédito:

   1. Entre créditos de distintos programas de una misma sección que afecten a los capítulos 1, 2 u 8.

   2. Entre créditos de los capítulos 2 y 4 del mismo programa y sección.

   3. Entre créditos del capítulo 4 de un mismo o distintos programas de una misma sección, salvo que el perceptor esté nominado o implique la nominación del mismo.

   4. Que afecten a créditos de los capítulos 6 ó 7 de un mismo programa.

   5. Las que afecten a los capítulos 3 ó 9.

   6. Las que afecten a la sección 19 "Diversas consejerías".

   7. Las que se deriven de la ejecución de lo previsto en el artículo 23 del Estatuto de Autonomía.

   8. Las precisas para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en materia de comunicaciones e informática, entre créditos de uno o varios programas y/o servicios de un mismo departamento, y de los entes sujetos a régimen presupuestario adscritos al mismo.

   9. Las que fueran necesarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas que afecten a la clasificación orgánica, económica y funcional.

   10. Entre créditos de las distintas secciones presupuestarias, cuando tengan por finalidad redistribuir los créditos afectados por la entrada en funcionamiento de edificios administrativos.

   11. Entre los capítulos 6 y 3, destinadas a hacer frente a los gastos financieros derivados de los pagos aplazados y de arrendamientos.

   12. Las que sean precisas para adaptar la financiación procedente de la Unión Europea a la ejecución de los programas y acciones cofinanciados con la misma.

2. Otras modificaciones:

   1. Las generaciones de crédito, cuando su autorización no esté atribuida a otro órgano.

   2. La incorporación de remanentes.

   3. La ampliación de créditos, cuando no se atribuya por esta ley a otro órgano.

   4. Las modificaciones y operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias precisas para adaptar la financiación procedente de la Unión Europea a la ejecución de los programas y acciones cofinanciados con la misma.

   5. El incremento del importe de los proyectos de inversión incluidos en el capítulo 7, salvo cuando lo deba autorizar el Gobierno. En el supuesto de que se tramite junto con una modificación que sea competencia del consejero de Economía y Hacienda, la autorización de la misma llevará implícita la aprobación del incremento.

   6. La modificación de los gastos plurianuales derivados tanto de la revisión salarial prevista en el convenio colectivo de enseñanza privada que afecte al personal docente de los centros concertados como de la actualización del módulo económico por unidad escolar fijado por la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado, a efectos de la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados, cuyos compromisos de gasto hayan sido autorizados por el Gobierno conforme a lo establecido en el artículo 21 de esta ley.

   7. Las bajas de crédito que afecten a los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 16 de esta ley por los importes y en las secciones que, a propuesta de los titulares de los departamentos, se determinen en ejecución del correspondiente Acuerdo de Gobierno.

   8. Las bajas de crédito que afecten a los supuestos previstos en los apartados 3 y 5 del artículo 16 y apartado 8 del artículo 61 de esta ley.

3. Otras operaciones:

   1. El pago de las cuotas sociales y retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los empleados públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

   2. La adopción de los acuerdos de no disponibilidad de créditos precisos para garantizar la estabilidad presupuestaria, cuando afecte a gastos vinculados a ingresos.

   3. La adopción de los acuerdos de no disponibilidad de créditos consignados en el subconcepto 170.42 "Aplicación incremento retributivo LPGE" para garantizar la aplicación de los incrementos retributivos.

Durante el ejercicio 2007, corresponde a los titulares de los departamentos:

1. Autorizar en su sección las transferencias entre créditos del capítulo 1 de un mismo programa.

2. Autorizar en su sección las transferencias entre créditos de un mismo programa del capítulo 2.

3. Autorizar las ampliaciones de créditos que amparen gastos de personal conforme a lo establecido en el artículo 36.2, apartados a), b), salvo que venga impuesto por resolución judicial firme, y d) de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y anexo I de la presente ley, apartados 1.a), 1.b), 1.c) y 2.

4. Autorizar las generaciones de créditos derivados de los reintegros originados por las situaciones de incapacidad temporal.

1. Las modificaciones presupuestarias de los organismos autónomos y demás entes públicos vinculados o dependientes de la Comunidad Autónoma, sometidos a régimen presupuestario, se ajustarán a lo dispuesto en la presente ley para la Administración de la Comunidad Autónoma y a la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

   Dichas modificaciones se cursarán por el departamento al que están adscritos los entes proponentes, excepto las del Servicio Canario de la Salud, que serán tramitadas por el propio organismo, y las del Consorcio Sanitario de Tenerife que se cursarán por el Servicio Canario de la Salud.

2. Corresponde al titular de la Consejería de Sanidad, a propuesta del Servicio Canario de la Salud y a iniciativa de los titulares de los servicios afectados del propio Servicio o del Consorcio Sanitario de Tenerife, autorizar las transferencias de crédito entre servicios de un mismo programa de los capítulos 1 ó 2 de los estados de gastos, así como las que afecten a la redistribución de créditos derivados de los programas de gestión convenida, incluidas las que sean necesarias para la financiación del contrato programa de gestión convenida del Consorcio Sanitario de Tenerife.

1. Durante el ejercicio 2007, la cuantía de las retribuciones del personal al servicio de los entes enumerados en el artículo 1 de esta ley y de las universidades canarias no experimentará un incremento superior al 2 por ciento respecto a la establecida para el ejercicio 2006, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación tanto en relación con los efectivos de personal como con la antigüedad del mismo.

   Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las pagas extraordinarias de los funcionarios en servicio activo a los que resulte de aplicación el régimen retributivo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, tendrán un importe, cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo y trienios, más el 100 por cien del complemento de destino mensual que perciba el funcionario.

   Las pagas extraordinarias del resto del personal sometido a régimen administrativo y estatutario, en servicio activo, incorporarán un porcentaje de la retribución complementaria que se perciba, equivalente al complemento de destino, de modo que alcance una cuantía individual similar a la resultante por aplicación del párrafo anterior a los funcionarios referidos.

   En el caso de que el complemento de destino, o concepto retributivo equivalente, se devengue en 14 mensualidades, la cuantía adicional definida en el párrafo anterior se distribuirá entre dichas mensualidades, de modo que el incremento anual sea igual al experimentado por el resto de funcionarios.

   De igual forma, la masa salarial del personal laboral experimentará el incremento necesario para hacer posible la aplicación al mismo de una cuantía anual equivalente a la que resulte para los funcionarios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos anteriores.

2. Además de lo previsto en el apartado 1 de este mismo artículo, la masa salarial de los funcionarios en servicio activo a los que resulte de aplicación el régimen retributivo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, así como la del resto del personal sometido a régimen administrativo y estatutario, experimentará un incremento del 1 por 100 que se destinará al aumento del complemento específico, o concepto adecuado, con el objeto de lograr, progresivamente en sucesivos ejercicios, una acomodación de tales complementos que permita su percepción en 14 pagas al año, doce ordinarias y dos adicionales en los meses de junio y diciembre.

   Asimismo, la masa salarial del personal laboral experimentará el incremento necesario para hacer posible la aplicación al mismo de una cuantía anual equivalente a la que resulte para los funcionarios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior del presente apartado.

   Estos aumentos retributivos se aplicarán al margen de las mejoras retributivas conseguidas en los pactos o acuerdos previamente firmados.

3. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables, en caso contrario, las cláusulas que se opongan a lo establecido en él.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación del personal, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente respecto al sistema retributivo aplicable a cada clase de personal.

5. Las previsiones de este artículo no serán de aplicación a las adecuaciones de las retribuciones complementarias del personal estatutario del Servicio Canario de la Salud, que, con carácter singular y excepcional, se acuerden por el Gobierno de Canarias en orden a posibilitar el desarrollo e implantación paulatino del nuevo régimen retributivo previsto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Los incrementos retributivos derivados del citado proceso de implantación serán reflejados en nómina con carácter diferenciado de los conceptos actualmente existentes.

6. Para el cálculo de los límites a que se refieren los apartados anteriores, se aplicará el porcentaje sobre el gasto correspondiente al conjunto de las retribuciones devengadas por el personal funcionario en los siguientes conceptos retributivos: retribuciones básicas, complemento de destino, complemento específico y complemento de productividad o conceptos análogos; y la masa salarial correspondiente al personal sometido a la legislación laboral definida en el artículo 38 de esta ley, sin computar a estos efectos los gastos de acción social.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con efectos de 1 de enero de 2007, la cuantía de los componentes de las retribuciones del personal del sector público autonómico sometido a régimen administrativo y estatutario será la derivada de la aplicación de las siguientes normas:

1. Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, experimentarán un crecimiento del 2 por ciento respecto de las establecidas para el ejercicio 2006, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 36.1 y 36.2 de la presente ley, y en su caso, de la adecuación de las retribuciones complementarias, cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

2. El conjunto de las restantes retribuciones complementarias tendrá, asimismo, un crecimiento del 2 por ciento respecto de las establecidas para el ejercicio 2006, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo, y del resultado individual de su aplicación.

3. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, sin que les sea de aplicación el aumento del 2 por ciento previsto en la misma.

4. No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, se autoriza al Gobierno a actualizar las condiciones y las cuantías de las indemnizaciones por razón de servicio.

1. Para el ejercicio 2007, la masa salarial del personal laboral al servicio de los entes enumerados en el artículo 1 de esta ley y de las universidades canarias no podrá experimentar un incremento superior al 2 por ciento respecto a la establecida para el ejercicio 2006, comprendiendo dicho porcentaje el de todos los conceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 36.1 y 36.2 de la presente ley y del que pudiera derivarse de lo establecido en los apartados siguientes.

2. Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta ley, el conjunto de retribuciones salariales y extrasalariales, así como los gastos de otra naturaleza devengados en el ejercicio presupuestario de 2006 por el personal laboral afectado, incluidos los pluses derivados de convenios en vigor, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por la Dirección General de Planificación y Presupuesto para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso:

1. Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

2. Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.

3. Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

4. Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera de realizar el trabajador.

5. Los gastos de acción social previstos en el artículo 45 de la presente ley.

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a estos conceptos.

Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La determinación de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios colectivos, acuerdos o pactos que se celebren en el año 2007, y con cargo a la masa salarial así obtenida, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen percepciones salariales superiores a las que se establecen en este artículo, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo establecido en él.

Los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, que desempeñen puestos de trabajo para los que el Gobierno haya aprobado la aplicación del régimen retributivo previsto en dichas leyes, sólo podrán ser retribuidos, en su caso, por los conceptos y en las cuantías siguientes:

1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías en euros, referidas a doce mensualidades:

   GRUPOS SUELDOS TRIENIOS

   A 13.354,20 513,24

   B 11.333,76 410,76

   C 8.448,60 308,40

   D 6.908,16 206,04

   E 6.306,84 154,68

2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad de sueldo y trienios, y en aplicación de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 36.1 de la presente ley, el importe del complemento de destino mensual que perciba el funcionario, y que se devengará de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la mencionada Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

3. El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías, en euros, referidas a doce mensualidades:

   NIVEL IMPORTE EUROS

   30 11.726,16

   29 10.518,00

   28 10.075,80

   27 9.633,36

   26 8.451,36

   25 7.498,32

   24 7.056,00

   23 6.613,80

   22 6.171,24

   21 5.729,52

   20 5.322,24

   19 5.050,56

   18 4.778,52

   17 4.506,60

   16 4.235,52

   15 3.963,36

   14 3.691,80

   13 3.419,76

   12 3.147,84

   11 2.876,16

   10 2.604,60

   9 2.468,76

   8 2.332,56

4. El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto de trabajo que se desempeñe en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

   A efectos de lo previsto en el párrafo 6º, del apartado 1 del artículo 16 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, para el ejercicio 2007 el valor de cada punto del complemento específico queda fijado en 240,48 euros anuales.

5. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán, dentro de los créditos consignados para tal fin en cada consejería, en el subconcepto 151.00 de cada sección presupuestaria, hasta un límite del 2 por ciento del coste total del personal, según los créditos iniciales consignados en los artículos 10, 11 y 12 de los estados de gastos, excepto para la sección 06 "Presidencia del Gobierno", que será del 3 por ciento.

   Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Presidencia y Justicia, efectúe las modificaciones precisas de este porcentaje, debiéndose financiar, en su caso, el exceso con cargo a créditos del capítulo 2 de las respectivas secciones.

6. El complemento de productividad, facultándose al Gobierno para que fije globalmente por departamentos su cuantía, en función de un porcentaje sobre el coste total del personal funcionario, según los créditos iniciales consignados en los artículos 10, 11 y 12 de los estados de gastos, debiéndose financiar, en su caso, con cargo a créditos del artículo 15 "Incentivos al rendimiento", y del Fondo de "Insuficiencias y ampliación de medios" que se establece en la sección 19 "Diversas consejerías".

1. Las retribuciones a percibir en el año 2007 por los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, a que se refiere el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto del aplicado a 31 de diciembre de 2006, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 5/2006, de 5 de julio, de transferencia de créditos para la financiación a cuenta de las retribuciones complementarias que correspondan al personal al servicio de la Administración de Justicia y de consignación y modificación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía complementaria que corresponda, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 36.1, párrafo tercero de la presente ley, de conformidad con las siguientes cuantías:

Ver anexos - Página/s 30047-30048 > 3. Las retribuciones complementarias, variables y especiales experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto de las aplicadas el 31 de diciembre de 2006, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 37.a) de esta ley.

1. Las retribuciones del personal cuyo régimen retributivo, a la entrada en vigor de esta ley, no se ajuste a lo dispuesto en el presente título, experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto de las que venían percibiendo al 31 de diciembre de 2006, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36.1 y 2 de la presente ley.

2. Durante el año 2007, los funcionarios sujetos a régimen retributivo distinto al correspondiente al puesto de trabajo al que hayan sido adscritos percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen.

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los consejeros de Economía y Hacienda y de Presidencia y Justicia, a propuesta de los departamentos interesados, autorizarán la oportuna asimilación para determinar las retribuciones básicas que correspondan a los citados funcionarios.

En la citada autorización se podrá determinar que la cuantía de la retribución por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el régimen retributivo de origen del funcionario.

1. Durante el ejercicio 2007, las retribuciones del presidente, vicepresidente, consejeros del Gobierno, viceconsejeros, secretarios generales técnicos, directores generales y asimilados experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto a las estipuladas durante el año 2006 por los distintos conceptos que en dicho año integraron su régimen retributivo.

   Los miembros del Gobierno y los altos cargos percibirán las retribuciones que les correspondan en doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias y sin perjuicio de que, en los meses de devengo de estas últimas, se perciba una cuantía anual equivalente a la prevista para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36.1 y en el 36.2 de la presente ley, así como el importe de la antigüedad que corresponda a quienes, ostentando la condición de personal al servicio de las administraciones públicas, se encontrasen en la situación de servicios especiales o excedencia forzosa por el desempeño de tales cargos.

2. Las retribuciones del director general de Radiotelevisión Canaria experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto a las estipuladas durante el año 2006.

3. Las retribuciones del presidente del Consejo Consultivo serán las que corresponden a los consejeros del Gobierno de Canarias.

   Las retribuciones de los restantes miembros del referido órgano serán las señaladas para los viceconsejeros.

   Los miembros del Consejo Consultivo que, siendo profesores universitarios, opten por percibir sus retribuciones por la universidad a la que pertenecen, sólo tendrán derecho a las indemnizaciones por razón del servicio que correspondan a sus funciones.

Los empleados públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, con excepción de los sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna de los tributos y otros ingresos públicos de la Comunidad Autónoma, comisiones e ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o cualquier ente público, como contraprestación de cualquier servicio ni participación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo y sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

1. Se establece en la sección 19 un fondo de "Insuficiencias y ampliación de medios", que financiará, en todo caso:

   1. Las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo que conlleven ampliaciones de puestos así como las provisiones de puestos derivadas de las convocatorias de concursos de traslados, siempre que sean consecuencia de los planes de empleo en ejecución.

   2. La provisión de puestos de trabajo que se realice al amparo de las ofertas de empleo público.

   3. Las modificaciones de las retribuciones de los puestos de trabajo incluidos en las relaciones de puestos de trabajo.

   4. La contratación de personal laboral temporal, la provisión de puestos para funcionarios interinos, el complemento de productividad y otras contingencias de capítulo 1 "Gastos de Personal" que no puedan afrontarse con créditos de la propia sección presupuestaria.

   5. La integración del personal contratado laboral fijo en cuerpos o escalas de funcionarios prevista en la disposición adicional sexta de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de Función Pública.

   Dicho fondo será distribuido por el Gobierno a propuesta conjunta de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Economía y Hacienda, previo informe de las Direcciones Generales de la Función Pública y de Planificación y Presupuesto.

2. Los funcionarios y personal estatutario tendrán derecho a percibir, como anticipo, el importe de hasta dos mensualidades íntegras de sus retribuciones fijas y periódicas, amortizándose éste a partir del segundo mes de su concesión y en un plazo máximo de dieciocho meses, y, en todo caso, dentro del plazo previsto para su cese en el supuesto de nombramientos con un período de duración determinado.

   Los funcionarios de empleo docentes también tendrán este derecho, sólo en aquellos casos en los que estén nombrados como tales para desempeñar sus funciones durante un curso escolar completo.

1. Se establece un Fondo de Acción Social en la sección 19 "Diversas consejerías", de carácter no consolidable, por importe de 9.784.728,70 euros, para su distribución entre el personal al servicio de la Comunidad Autónoma. En dicha Acción Social se incluyen las percepciones por ayudas de estudio a favor del personal, cónyuge y descendientes, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente; ayudas médicas, premios de jubilación y permanencia y todas aquellas otras ayudas que se obtengan y tengan la finalidad de redistribución social y los gastos derivados de las pólizas de seguro concertadas para todo el personal al servicio de esta Comunidad Autónoma.

   La distribución de dicho fondo se efectuará por la Dirección General de la Función Pública.

2. El importe del fondo podrá ampliarse en la cuantía de los ingresos que se obtengan derivados de la utilización de medios de pago, concertados con entidades financieras, por el personal al servicio de la Comunidad Autónoma.

1. A efectos del reconocimiento del derecho para la percepción de ayudas de estudios por el personal al servicio de la Comunidad Autónoma, los beneficiarios habrán de percibir unos ingresos brutos anuales inferiores a 39.356 euros, incrementados en 3.720 euros por hijo.

2. Para el cómputo de los ingresos brutos del citado personal, se tendrá en cuenta la suma de todos los ingresos de cualquier naturaleza que, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, perciban aquél y su cónyuge o pareja de hecho considerados conjuntamente, disminuyéndose dicho conjunto de ingresos en 10.407 euros anuales por cada hijo minusválido físico o psíquico que conviva con ellos, debiendo acreditarse tales circunstancias en el expediente tramitado.

3. Cuando el personal al servicio de la Comunidad Autónoma resida en una isla no capitalina, a efectos de ayudas para estudios que no se realicen en su isla de residencia, el límite establecido en el apartado 1 de este artículo se incrementará en un 20 por ciento.

Corresponde a las secretarías generales técnicas de los departamentos la autorización y disposición de los gastos y el reconocimiento de las obligaciones derivados de la gestión de personal; al director general de Personal de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, los relativos al personal docente dependiente de esa Consejería; al director general de Relaciones con la Administración de Justicia, los del personal de él dependiente; al director general de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, los del personal de este organismo; a los órganos competentes en materia de personal de los organismos autónomos y demás entes públicos vinculados o dependientes de la Comunidad Autónoma, sometidos a régimen presupuestario, los derivados de la gestión del personal a su cargo; y al director general de la Función Pública, los del Fondo de Acción Social de la sección 19.

1. Durante el ejercicio 2007, la oferta de empleo público se limitará a las plazas vacantes de los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren absolutamente prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En todo caso, será como máximo el 100 por cien de la tasa de reposición de efectivos. A este efecto, se entiende por tasa de reposición de efectivos las vacantes que se hayan producido como consecuencia de fallecimientos, jubilaciones, excedencias forzosas y voluntarias durante el año anterior.

   Dentro del citado límite, la oferta de empleo público incluirá todos los puestos y plazas desempeñadas por personal interino o nombrado temporalmente en el ejercicio anterior, excepto aquellos sobre los que exista una reserva de puestos o estén incursos en procesos de provisión.

   Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a las convocatorias que se realicen al amparo de ofertas de empleo público anteriores al presente ejercicio, a los planes de empleo, al personal de la Administración de Justicia, para el que se determinará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, al personal docente no universitario que preste servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, al que se le aplicará el apartado 3 de este artículo, y al personal estatutario del Servicio Canario de la Salud, al que se le aplicará el apartado 4 de este artículo.

2. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se podrán ofertar y convocar los puestos de trabajo correspondientes a sus distintos cuerpos o escalas, que, estando presupuestariamente dotados e incluidos en sus relaciones de puestos de trabajo, se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2002.

3. El número de plazas reservadas al personal docente no universitario que se incluyan en las ofertas de empleo público que puedan realizarse al amparo de lo dispuesto en el apartado anterior, no podrá ser superior al número total de las plazas ocupadas temporal o interinamente a 31 de diciembre de 2006.

4. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se podrán incluir en la oferta de empleo público del personal estatutario del Servicio Canario de la Salud los puestos o plazas que, estando presupuestariamente dotados e incluidos en las plantillas orgánicas, se encuentren desempeñados interinamente en el momento de efectuar la oferta y no estén afectos a otras anteriores o a procesos de provisión en trámite.

   Para la participación en los procesos de movilidad voluntaria que se convoquen al amparo de dicha oferta de empleo público, no será exigible plazo mínimo de permanencia en servicio activo o con reserva de plaza en la plaza obtenida como consecuencia de la resolución de los procesos extraordinarios convocados en Canarias al amparo de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, ni en la situación de excedencia voluntaria declarada en aplicación de lo previsto en la disposición adicional cuarta de dicha ley.

5. Las convocatorias que se realicen con base en este artículo, para el ingreso en cuerpos y escalas de funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos y cuerpos y escalas de la Administración del Estado, cuando sus retribuciones se satisfagan con cargo a créditos autorizados por la presente ley, así como las de pruebas selectivas de personal laboral, en promoción interna o acceso libre, requerirán previo informe favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto. El cumplimiento de este trámite deberá figurar expresa y obligatoriamente en el texto de las convocatorias correspondientes. El incumplimiento llevará aparejada la nulidad de pleno derecho de todos los actos del procedimiento selectivo y, en su caso, del acto de nombramiento.

1. Con el objeto de lograr un mejor funcionamiento de los centros docentes no universitarios, con cargo a los créditos presupuestarios no ampliables del capítulo 1 "Gastos de Personal", establecidos para la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, dicha consejería, excepcionalmente, podrá financiar horas lectivas extraordinarias para impartir docencia directa o adaptada a las condiciones de la educación de adultos, tanto en la modalidad presencial como a distancia, al alumnado en situaciones de enfermedad que ocasione períodos de permanencia prolongada en su domicilio o en centros hospitalarios, al alumnado de altas capacidades, al alumnado de formación profesional ocupacional y continua, así como para las tareas de coordinación de dicha formación.

   Igualmente, se podrán financiar excepcionalmente horas extraordinarias en el ejercicio de la función inspectora, en aquellos períodos en los que se requiera necesariamente un aumento en la intensidad de sus funciones.

2. Reglamentariamente, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, previo informe favorable de las Direcciones Generales de la Función Pública y de Planificación y Presupuesto, se fijarán las horas de dedicación lectiva, su retribución y demás condiciones.

1. Antes del 15 de septiembre del ejercicio 2007, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes elevará al Gobierno, para su aprobación, la programación del profesorado para el curso 2007-2008, previo informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

2. Los programas de gestión convenida del Servicio Canario de la Salud a que se refiere el artículo 70 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, serán autorizados por el director del Servicio Canario de la Salud, previo informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, y remitidos al Parlamento de Canarias dentro de los 30 días siguientes a los de su aprobación.

Como anexo a dichos programas figurará la plantilla orgánica de cada órgano de prestación de servicios sanitarios, integrada por los puestos directivos y las plazas y puestos de trabajo que deban ser desempeñados por personal estatutario fijo e interino. Asimismo, figurará en dicho anexo la ampliación de las indicadas plantillas orgánicas por las nuevas acciones, que se financiará con los créditos iniciales del capítulo 1 que no tengan el carácter de ampliables.

Formalizados los programas de gestión convenida, las modificaciones posteriores de las plantillas orgánicas de los órganos de prestación de servicios sanitarios se autorizarán por el director del Servicio Canario de la Salud, previo informe de la dirección general citada, que asimismo se financiarán con los créditos iniciales del capítulo 1 que no tengan el carácter de ampliables.

1. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario y estatutario, o la formalización de nuevos contratos de trabajo de personal laboral, así como la modificación de la categoría profesional de estos últimos, requerirá que su coste esté dotado presupuestariamente. A tal efecto, con carácter previo a la incorporación del personal de nuevo ingreso, se reservará el crédito necesario para cubrir la correspondiente variación de efectivos.

2. Durante el año 2007, sólo se procederá a la contratación de personal laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, para cubrir puestos de trabajo vacantes, presupuestariamente dotados e incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, debidamente acreditadas por el departamento que proponga la contratación o el nombramiento.

   La contratación laboral temporal requerirá el informe favorable de las Direcciones Generales de la Función Pública y de Planificación y Presupuesto.

   Asimismo, las convocatorias para la selección de los funcionarios interinos requerirán informe favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

   Los nombramientos realizados al amparo del apartado anterior, computarán a efectos de cumplir el límite máximo de la tasa de reposición de efectivos en la oferta de empleo público correspondiente al mismo año en que aquéllos se produzcan, y, si no fuera posible, en la siguiente oferta de empleo público.

3. La contratación de personal laboral temporal para cubrir puestos de trabajo cuyo titular se encuentre en situación de incapacidad temporal, permiso de maternidad, o liberado sindical, requerirá informe favorable de la Dirección General de la Función Pública y que exista la adecuada cobertura presupuestaria.

1. Con cargo a los respectivos créditos para inversiones, sólo podrán formalizarse contrataciones de carácter temporal, para obras o servicios determinados, o en prácticas al amparo de los artículos 11.1 y 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y para dar cumplimiento al Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación, siempre que concurran los siguientes requisitos:

   1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos de las administraciones públicas, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones, que figuren específicamente definidas en el anexo de inversiones reales, asignados a acciones o proyectos financiados con la Unión Europea, el Sector Público Estatal, otras administraciones públicas, corporaciones de Derecho Público o entidades privadas, siempre que su no autorización pueda suponer una merma de financiación o impedir la ejecución de acciones convenidas con otras administraciones públicas.

   2. Que tales obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla ni por personal laboral temporal que ocupe plaza en la relación de puestos de trabajo o figure contratado al amparo de lo estipulado en el artículo 68 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

   3. La contratación requerirá informe previo favorable de las Direcciones Generales de la Función Pública y de Planificación y Presupuesto, en el marco de los criterios establecidos en los dos apartados anteriores y dentro del ámbito de sus competencias.

   De las contrataciones realizadas se informará a la Dirección General de la Función Pública.

2. Los contratos se formalizarán siguiendo las prescripciones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. En los contratos se hará constar la obra o servicio para cuya realización se formaliza el contrato, la duración del mismo y el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales, adecuándose su contraprestación a los límites retributivos establecidos en el Convenio Colectivo Único del Personal Laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

   Los departamentos y demás entes públicos evitarán el incumplimiento de las citadas obligaciones formales, así como la asignación al personal contratado de funciones distintas a las determinadas en los contratos, de las que pudieran derivarse derechos de permanencia para el personal contratado. El incumplimiento de lo anterior podrá dar lugar, en su caso, a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

3. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras o servicios que hayan de exceder del ejercicio y correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual que cumplan los requisitos que, para éstos, se prevén en el artículo 37 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1. El titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia autorizará el nombramiento de personal funcionario interino al servicio de los órganos judiciales y fiscales de la Administración de Justicia que se creen o amplíen a partir de la entrada en vigor de esta ley, siempre que se acredite la cobertura presupuestaria e informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

2. Para el nombramiento de interinos de refuerzo o que sustituyan a titulares liberados sindicales o con crédito horario, se requerirá el informe favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, una vez acreditada la cobertura presupuestaria.

3. La contratación de personal laboral temporal, con cargo a vacantes dotadas presupuestariamente, al servicio de órganos judiciales y fiscales de la Administración de Justicia, requerirá autorización del titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, debiéndose dar cuenta de las contrataciones que se efectúen a la Dirección General de Planificación y Presupuesto y a la Dirección General de la Función Pública, con indicación del número de la relación de puestos de trabajo que ocupe.

4. Las contrataciones a que se refiere el apartado anterior, en ningún caso, derivarán de la variación de efectivos que se produzca como consecuencia de cubrir puestos en unidades administrativas distintas a las que se citan en tal apartado.

1. Durante el año 2007 no se procederá a la contratación de personal laboral temporal a que se refiere el artículo 68 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, previo informe favorable de las Direcciones Generales de la Función Pública y de Planificación y Presupuesto.

2. La contratación de personal laboral temporal en los centros docentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, centros base, módulos insulares, centros de día, centros de menores y equipos técnicos de seguimiento de medidas de amparo y de ejecución de medidas judiciales impuestas a menores de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, escuelas de Capacitación Agraria e institutos de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, así como en las oficinas del Servicio Canario de Empleo, requerirá la autorización del titular del departamento, debiéndose dar cuenta de las contrataciones que se efectúen a las direcciones generales citadas en el apartado anterior.

   La contratación del personal laboral temporal en los centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud requerirá la autorización de la Dirección General de Recursos Humanos.

   Los contratos que así se autoricen para cubrir necesidades estacionales finalizarán al vencer el plazo temporal pactado.

3. Las contrataciones a que se refiere el apartado anterior, en ningún caso, podrán realizarse por la variación de efectivos que se produzca como consecuencia de cubrir puestos en centros del departamento distintos a los que se citan en el mencionado apartado.

4. Se autoriza la contratación de personal laboral eventual o temporal sin cargo a puestos de trabajo, cuando su coste se encuentre financiado, total o parcialmente, con cargo a créditos procedentes de la Unión Europea, del sector público estatal, otras administraciones públicas, corporaciones de Derecho Público o entidades privadas, siempre que tales contrataciones no tengan la consideración de inversión y su no contratación impida la ejecución de acciones convenidas o suponga una merma de financiación.

1. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes podrá efectuar el nombramiento de funcionarios interinos docentes y sustitutos del profesorado de los centros docentes. A tal fin, el centro directivo deberá comprobar la existencia de disponibilidad presupuestaria para hacer frente al abono de las retribuciones correspondientes.

2. Las retribuciones de personal sustituto que no ocupe puestos vacantes presupuestariamente dotados en el anexo de personal se imputarán a los créditos presupuestarios consignados en el subconcepto 125.00 "Sustituciones del personal funcionario y estatutario", de los programas 422B "Educación Infantil, Primaria y Primer Ciclo de la ESO", 422C "Enseñanza Media, Secundaria y Técnico Profesional" y 422K "Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Adultos".

3. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación podrá efectuar el nombramiento de funcionarios interinos y sustitutos del profesorado, para impartir enseñanzas de formación profesional reglada y formación permanente de adultos en las ramas agrarias y marítimo-pesquera de las escuelas de Capacitación Agraria y en los institutos de Formación Marítimo-Pesquera. Estos nombramientos requerirán que estas plazas estén creadas en la relación de puestos de trabajo y dotadas presupuestariamente. De estas contrataciones se dará cuenta a las Direcciones Generales de la Función Pública y de Planificación y Presupuesto.

4. En ningún caso, estos nombramientos supondrán una ampliación de plantilla que exceda de los efectivos incluidos en la programación a que se refiere el artículo 50.1 de esta ley o en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

5. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes podrá efectuar el nombramiento de profesores funcionarios interinos y profesores de jornada parcial con cargo a los créditos presupuestarios correspondientes, con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general. En este supuesto, las retribuciones correspondientes, tanto básicas como complementarias, serán proporcionales a la jornada de trabajo realizada.

6. La atribución temporal de funciones fuera de la Administración educativa del personal docente requerirá la baja de crédito, compensación o ingreso, en su caso, del departamento, organismo o administración donde preste servicios el citado personal.

1. El Gobierno, a propuesta del consejero de Economía y Hacienda, establecerá el importe que deberá presentar, a 31 de diciembre de 2007, el saldo vivo de la Deuda de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la limitación de que dicho saldo no podrá superar el correspondiente a 1 de enero de 2007.

   No obstante lo anterior, el Gobierno podrá determinar un saldo vivo de la Deuda de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias superior al correspondiente a 1 de enero de 2007, siempre y cuando la deuda viva conjunta, a 31 de diciembre de 2007, de las universidades canarias y demás sujetos comprendidos en el artículo 2.1.c) de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, fuere, como máximo, la existente a 1 de enero de 2007 o aquella que resulte de las variaciones en la composición del sector público a que se refiere el precepto antes señalado.

2. La cifra de saldo vivo de la Deuda que establezca el Gobierno sólo será efectiva al término del ejercicio, por lo que podrá ser sobrepasada en el curso del mismo.

3. El límite señalado en el párrafo primero del apartado 1 podrá ampliarse por la cuantía del endeudamiento autorizado en el ejercicio 2006 que no hubiera sido formalizado antes del 31 de diciembre de dicho año, así como por la cuantía que sea autorizada con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

4. Cumplido por el Gobierno el trámite a que se refiere el apartado 1, se entenderá concedida la autorización para realizar operaciones de endeudamiento a largo plazo durante el año 2007.

5. Durante el ejercicio 2007, no se autorizarán operaciones de endeudamiento a los entes enumerados en los apartados 2, 3, 4 y 7 del artículo 1 de esta ley.

6. En su caso, la variación neta de las operaciones extrapresupuestarias a que se refiere el artículo 57 de la presente ley se considerará incluida en la cifra de saldo vivo de la Deuda que establezca el Gobierno, con arreglo a lo establecido en el apartado 1 anterior.

1. El saldo vivo de las operaciones de endeudamiento por plazo inferior o igual a un año, destinadas a atender necesidades transitorias de tesorería que realice el consejero de Economía y Hacienda, no podrá ser superior al 5 por ciento del presupuesto de gastos consolidado, aprobado por el artículo 2 de la presente ley.

2. La duración de los contratos que se celebren al amparo de lo dispuesto en el apartado anterior no excederá del 31 de diciembre de 2007. No obstante, podrá pactarse la prórroga expresa de aquéllos por un plazo no superior a diez meses.

Dentro de los límites previstos en la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, se autoriza al Gobierno la asunción de endeudamiento en los siguientes supuestos:

1. El destinado a financiar las obras derivadas del anexo V de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1997, únicamente para lo no asumido en el ejercicio de 2006.

2. El del Consorcio Sanitario de Tenerife que esté avalado por el Gobierno de Canarias.

3. El derivado de la disolución o extinción de sociedades mercantiles públicas.

1. Las operaciones previstas en las letras h) y j) del apartado 1 del artículo 62-bis de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se contabilizarán en una cuenta extrapresupuestaria. Los gastos por intereses y por conceptos conexos de dichas operaciones se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios.

2. Las operaciones a que se refieren las letras h), i) y j) del apartado 1 del artículo 62-bis de la mencionada Ley 7/1984, de 11 de diciembre, no computarán dentro de la cifra del saldo vivo de la deuda que establezca el Gobierno con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 56 de la presente ley.

El consejero de Economía y Hacienda, excepcionalmente, podrá autorizar anticipos a los consorcios, sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas, a iniciativa de los órganos correspondientes de las mismas y a propuesta de las consejerías a las que se encuentren adscritos.

Estos anticipos tendrán carácter de a cuenta de los recursos consignados en los estados de gastos de la presente ley y deberán ser cancelados dentro del ejercicio presupuestario 2007.

El procedimiento de concesión y cancelación de los mismos será establecido por la Consejería de Economía y Hacienda.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma puede prestar avales durante el ejercicio 2007 para las operaciones de crédito exterior o interior que se concreten con las entidades financieras, hasta un importe máximo de 15.000.000 de euros.

2. Dentro del total señalado en el apartado anterior, se aplicarán los siguientes límites máximos de avales de la Comunidad Autónoma:

   1. Para coafianzar, sin renunciar a los beneficios de excusión y división, a las empresas del sector tomatero con domicilio social en Canarias que realicen en el ámbito de esta Comunidad Autónoma su actividad principal, hasta un importe máximo de 10.000.000 de euros para la financiación de inversiones de modernización de explotaciones e infraestructuras productivas.

   2. A otras administraciones, entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales e instituciones sin fines de lucro, por importe máximo de 5.000.000 de euros.

3. Los avales serán autorizados por el Gobierno, a propuesta conjunta del consejero de Economía y Hacienda y del titular del departamento competente por razón de la materia.

4. No se computarán en el límite establecido en el apartado 1 de este artículo los avales que se otorguen en garantía de créditos que constituyan refinanciación, sustitución o novación de otros anteriores que ya cuenten con aval de la Comunidad Autónoma, siempre y cuando se cancele dicho aval y no se produzca un incremento del riesgo vivo.

5. Se faculta al consejero de Economía y Hacienda para:

   1. Proceder a la formalización de los avales en representación de la Comunidad Autónoma, en las condiciones y circunstancias que para cada caso establezca el Gobierno.

   2. Acordar la comisión a percibir por la Comunidad Autónoma como contraprestación del riesgo asumido en virtud de los avales prestados. Dicha comisión se hará efectiva en el momento de la constitución del crédito avalado y no podrá ser superior al 2 por ciento del importe del aval.

6. Los organismos autónomos, los consorcios, las fundaciones, las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales de la Comunidad Autónoma no podrán prestar avales durante el ejercicio presupuestario 2007.

7. En el supuesto de que llegara a hacerse efectiva su obligación como avalista, la Administración de la Comunidad Autónoma quedará automáticamente subrogada en todos los derechos que el acreedor tenía contra el avalado, comprometiéndose éste a abonar a la Tesorería de la Comunidad Autónoma la cantidad no satisfecha y abonada a la entidad de crédito prestamista, así como a indemnizar a la misma, en su caso, por los restantes conceptos señalados en el artículo 1.838 del Código Civil, que se hubieran devengado con carácter preferente a cualquier otra obligación asumida, sin perjuicio de las existentes hasta la fecha y de los supuestos de prelación de créditos legalmente reconocidos.

   Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público y, en consecuencia, se exigirá al avalado el reembolso por la vía administrativa conforme a las reglas que, para el ingreso de los débitos de Derecho Público no tributario establece el Reglamento General de Recaudación, procediéndose, en su caso, por la vía administrativa de apremio.

8. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá acordar la no disponibilidad, en la cuantía necesaria, de los créditos que procedan.